El fiscal Giovani Grisseti allanó esta mañana la sede de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur) ante la sospecha de evasión de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS) por una deuda que superaría G. 18.000 millones. También existiría una caja paralela y el pago que hicieron los alumnos se habría desviado.

La Fiscalía investiga la creación de una cuenta paralela, que presuntamente habría usada Unasur para cobrar las cuotas a los estudiantes, pero en realidad no habrían ingresado a los registros oficiales. La Universidad tiene como vicerrector a Jorge Turi Capello, secretario del presidente de la República, Santiago Peña.
Con esta cuenta bancaria no oficial, se habría evadido los embargos que pesan contra la institución tras juicios del IPS.

Mirtha Reyes, rectora de la Unasur, junto a Jorge Turi Capello, quien asumió como vice Rector de Relaciones Interinstitucionales en febrero del 2025
En setiembre pasado, el Instituto de Previsión Social (IPS) alertó de una deuda estimada de más de G. 15.000 millones, correspondiente a aportes que debían ser abonados, sumado a eso, las moras, los intereses, y con eso, el monto asciende del a G. 18.000 millones.
Principalmente, lo que debe Unasur se basa en cánones atrasados por el alquiler de inmueble, que es propiedad de la previsional otorgado en concesión. Las fallas en los pagos vienen desde aproximadamente del 2010; sin embargo, la investigación de la Fiscalía es por hechos entre el 2022 y 2025.

El allanamiento hoy de la Fiscalía.
Foto: Fiscalía Py.
El fiscal Giovanni Grisseti recogió documentos laborales, administrativos y contables, entre ellos contratos de trabajo, registros de cobros y descuentos, liquidaciones y comprobantes de pago de salarios.
También declaraciones de aportes obrero-patronales, libros laborales y contables, así como documentos societarios. Por último, se llevaron equipos informáticos que contendrían registros de pagos a trabajadores y de cobros realizados a estudiantes.

Buscan confirmar si hubo o no evasión de aportes.
Foto: Fiscalía Py.
El fiscal Grisetti cotejó datos con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y encontraron la declaración de un pago de G. 280 millones en concepto del impuesto a la renta empresarial (IRE), que no coincide con los documentos.

Se podría investigar por evasión de impuestos y falsificación de documentos.
Foto: Fiscalía Py.
A raíz de ello, el Ministerio Público podría ampliar la investigación a producción de documentos públicos de contenido falsos y evasión de impuestos.