Según la agente del Ministerio Público, Ruth Benítez, el operativo realizado en la penitenciaría regional, se llevó adelante con un trabajo en conjunto con las fuerzas policiales, pero excluyendo al Ministerio de Justicia para prevenir filtraciones. “Ellos no estaban en conocimiento”, reconoció Benítez.

En la misma línea, apuntó que la banda criminal desmantelada, la cual se dedicaba al vaciamiento de billeteras electrónicas desde el interior del penal, tuvo que haber contado con la complicidad de funcionarios y directivos.
“Evidentemente, existió apoyo que hizo posible el ingreso de todos los artículos, así como también la ayuda logística de personas que operaban desde afuera”, declaró.
Entre los elementos incautados, la fiscal acotó que dieron con documentaciones varias así como elementos informáticos y celulares, necesarios para llevar adelante un esquema criminal que ya habría causo un perjuicio de G. 1.500 millones a una gran cantidad de víctimas alrededor del territorio nacional.