Caso Ueno Bank: Gobierno plantea apartar a directivos de empresas vinculadas y administrarlas por ocho meses

El Gobierno de Pedro Alliana prepara un proyecto de ley para administrar temporalmente empresas vinculadas a Ueno Bank, apartar a sus actuales directivos y proteger sus activos. La propuesta contempla un régimen excepcional de hasta ocho meses.

En medio del proceso de resolución de Ueno Bank, el Gobierno anunció que presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer un régimen especial de administración temporal de empresas vinculadas a entidades financieras que atraviesen esta situación.

El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González, explicó en conferencia de prensa que la iniciativa busca preservar los activos de estas sociedades, mantener sus actividades económicas y proteger los puestos de trabajo.

La propuesta contempla la creación de un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas, que podrá designar administradores independientes para hacerse cargo de las empresas alcanzadas.

Podrán apartar a los actuales administradores

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la posibilidad de desplazar a los actuales responsables de las sociedades vinculadas.

González explicó que el consejo podrá nombrar a un administrador que tendrá facultades para revocar los poderes otorgados a quienes actualmente dirigen o representan a esas empresas.

El régimen tendría una duración máxima de ocho meses y permitiría adoptar medidas para preservar el patrimonio de las sociedades mientras se desarrolla el procedimiento de resolución bancaria.

La iniciativa también contempla el cese de directores, gerentes y apoderados generales, quienes deberán entregar los libros contables, documentos y bienes a la nueva administración.

No todas las empresas vinculadas a Ueno serán alcanzadas

El asesor jurídico aclaró que el Gobierno todavía no tiene determinada la cantidad de empresas que podrían quedar comprendidas.

Según explicó, será el Banco Central del Paraguay (BCP) el encargado de identificar las sociedades vinculadas que reúnan las condiciones previstas en la normativa.

También se realizará un análisis previo para distinguir entre empresas con actividades económicas reales y otras cuya situación deba ser examinada.

González señaló que la propuesta está dirigida a sociedades que no se encuentren alcanzadas por las medidas de administración o intervención correspondientes a otros organismos, como la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

Además, el proyecto excluye a las empresas cuya única relación con una entidad financiera en resolución consista en operaciones comerciales realizadas en condiciones normales de mercado.

Restricciones para evitar la salida de bienes y dinero

El proyecto prevé restricciones para disponer de bienes registrables, constituir gravámenes, distribuir dividendos, pagar créditos a accionistas y transferir fondos fuera de las actividades ordinarias de las empresas.

Las medidas buscan impedir que el patrimonio de las sociedades alcanzadas se deteriore mientras se define su situación.

En caso de realizarse ventas de activos, deberán contar con tasaciones independientes y convocatorias públicas.

La propuesta también contempla informes mensuales sobre la administración de las empresas y mecanismos de control sobre determinadas operaciones realizadas con personas relacionadas.

Preocupación por trabajadores y establecimientos rurales

Durante la conferencia, González sostuvo que existe preocupación por la continuidad de las empresas que mantienen trabajadores a la espera de definiciones.

Incluso mencionó que el Gobierno recibió información no oficial sobre establecimientos rurales con animales que requieren decisiones inmediatas para evitar perjuicios.

El régimen contempla mantener los contratos laborales y dar atención preferente al pago de salarios y aportes previsionales.

El funcionario insistió en que la intención es contar con una herramienta legal que permita actuar antes de que las empresas pierdan su capacidad operativa.

Proyecto será presentado en el Senado

González confirmó que la propuesta será presentada ante el Congreso Nacional y que el trámite legislativo comenzará en la Cámara de Senadores.

Explicó que ya mantuvo conversaciones con el presidente del Senado y que el Ejecutivo considera necesaria una decisión rápida.

El Consejo de Supervisión estaría integrado por representantes de la Presidencia de la República y de los ministerios de Industria y Comercio, Economía y Finanzas, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con participación del BCP. Sus integrantes no percibirán remuneración por esta función.

La Presidencia también aclaró que el Estado no asumirá las deudas de las empresas alcanzadas y que el régimen no deberá generar gastos adicionales al Presupuesto General de la Nación.

Aunque la iniciativa surge en el contexto del caso Ueno Bank, no estará limitada exclusivamente a esa entidad financiera.

Por el momento, se trata de una propuesta legislativa. Su aplicación dependerá de la aprobación del Congreso y de la identificación de las sociedades que cumplan los requisitos establecidos.

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