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Con alevosa rabona previa a elecciones, diputados postergan varios proyectos
02/06/2026 15:53
La campaña electoral se impuso sobre la agenda legislativa, ya que solo 25 diputados se encontraban antes del mediodía en su lugar de trabajo, por lo que no se pudo dar continuidad a la sesión y tampoco se analizó el orden del día. Solamente hubo lugar para el espacio de oradores, donde los legisladores se expresaron sobre varios temas.
En la sesión de este martes debía estudiarse un polémico proyecto de ley impulsado por el diputado Hugo Meza, que busca endurecer las sanciones contra el abigeato. Sin embargo, los legisladores no llegaron a tratar los puntos incluidos en el orden del día, ya que se retiraron antes del mediodía debido a las elecciones internas partidarias previstas para el próximo domingo, en las que están abocados a respaldar a sus respectivos candidatos. Ni siquiera el proyectista, Hugo Meza, estuvo presente.
La propuesta legislativa, denominada “Que modifica y amplía el artículo 163 de la Ley Nº 3440/2008, modificatoria del artículo 163 de la Ley Nº 1160/1997 ‘Código Penal’”, plantea elevar las penas para quienes cometan este hecho punible.
Actualmente, la normativa establece una pena privativa de libertad de hasta cinco años para quienes hurten una o más cabezas de ganado menor o mayor, mientras que la condena puede alcanzar los diez años cuando se trate de un lote de considerable valor o utilidad.
Sin embargo, el proyecto pretende que el abigeato deje de ser considerado un simple delito y pase a ser tipificado como crimen, aumentando así la severidad de la respuesta penal. De aprobarse las modificaciones, la expectativa de pena se elevaría a un rango de entre 10 y 15 años de prisión.
El diputado Daniel Centurión anunció que acompañará la iniciativa, aunque advirtió que el Congreso está atacando “el síntoma y no la causa”. El legislador lamentó que la propuesta haya avanzado con rapidez, mientras que proyectos para endurecer las penas por delitos de corrupción pública permanecen sin tratamiento desde hace más de un año.
Centurión comparó el impacto económico del abigeato con el perjuicio ocasionado por la corrupción estatal y sostuvo que esta última genera pérdidas mucho mayores para el país. Además, instó a las bancadas oficialistas a impulsar el tratamiento de iniciativas que aumentan las penas para hechos como lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.
Por su parte, el diputado Rubén Rubin cuestionó que el aumento de las sanciones para el robo de ganado pueda equipararse a las condenas previstas para delitos graves contra las personas.
“Una vaca vale más que nuestras mujeres”, expresó durante su intervención, al señalar que asesinos y violadores deberían recibir las penas más severas del sistema penal. A su criterio, resulta desproporcionado que el abigeato pueda llegar a castigarse con condenas similares a las previstas para crímenes violentos.
“Equiparar el abigeato con una potencial condena por asesinato o violación es una locura. Se distorsiona todo. Es un insulto a los paraguayos, es un insulto a nuestras mujeres, es un insulto a la vida de los paraguayos”, manifestó.
Rubin también llamó la atención sobre la velocidad con la que se tramitó la iniciativa legislativa. “La semana pasada se presentó y hoy se quiere aprobar”, cuestionó, al tiempo de sostener que el Congreso demuestra mayor celeridad para proteger determinados intereses que para debatir sanciones más duras contra quienes cometen delitos atroces.
Las intervenciones se produjeron antes de que la sesión quedara sin cuórum, en una jornada marcada por la intensa actividad política de los legisladores de cara a las internas partidarias previstas para este domingo.
La falta de cuórum registrada en la sesión de la Cámara de Diputados dejó en suspenso 19 proyectos de ley y propuestas. Entre los temas postergados figuran la creación del Sistema Nacional de Cuidados, modificaciones a la pensión universal para adultos mayores, aumento de presupuesto para el Ministerio Público, reformas judiciales, regularización de tierras, además de otro proyecto polémico que establece la desobligación automática de pensión alimentaria cuando los hijos cumplen 18 años.
