Representantes del Grupo Vázquez SAE presentaron una tercería de dominio en la causa contra Federico Miguel Vázquez y los ex directivos de ueno bank. Exigen levantar las medidas de inhibición general de gravare y vender bienes, a más de la devolución de los automotores secuestrados. Además, denuncian la desnaturalización del procedimiento cautelar, que dicen se convirtió en un despojo patrimonial. También presentan una excepción de inconstitucionalidad contra la ley de Senabico.

Los abogados Willians Dante Justiniano e Isamar Fariña, en representación el Grupo Vázquez SAE, se presentaron en el juicio penal ante el magistrado de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, con una tercería de dominio.
Con el escrito, presentan un poder para asuntos judiciales y administrativos, firmado el 6 de noviembre pasado, por parte de María Teresa López de Aponte y Federico Miguel Vázquez, en el penal de Tacumbú donde se constituyó una escribana, en representación del Grupo Vázquez SAE.
En su pedido de tercería de dominio, exigen el inmediato levantamiento de las medidas cautelares reales decretadas el 6 de noviembre pasado, de inhibición general de gravar y vender, así como el bloqueo de todas las cuentas bancarias.
Igualmente, solicitan la restitución de los automotores secuestrados. Denuncian que se desnaturalizó el procedimiento cautelar que se ha convertido en un verdadero despojo patrimonial, arbitrario y contrario a derecho.
En forma subsidiaria, además, solicitan la sustitución o limitación de las medidas cautelares que fueron decretadas en el citado juicio. También, plantean una excepción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 5876/2017 y sus modificatorias.
Refieren que como tercero ajeno al proceso penal se presentan a la causa y legítimos propietarios de los nueve vehículos que fueron secuestrados por la Justicia. Dicen que tuvieron conocimiento extrajudicial del caso que es de público dominio de que la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), pretender llevar adelante de manera inminente la venta pública de los rodados.
Señalan que la empresa no fue notificada de resolución judicial alguna ni como tercero afectado. “La pretensión de ejecutar la venta forzosa y anticipada de bienes de su exclusiva propiedad a sus espaldas, sin juicio previo y sin haberse otorgado la mínima oportunidad procesal de ser oída y ejercer su defensa, coloca a nuestra mandante en un estado de indefensión absoluta”, afirman.
Indican que, según la ley, ninguna persona jurídica puede ser privada del ejercicio de sus derechos patrimoniales por hechos atribuidos a terceros, sin demostración concreta de la vinculación de sus bienes con los hechos investigados y sin observancia de las garantías constitucionales que protegen la propiedad privada.
Luego hablan de los antecedentes del Grupo Vázquez SAE, que tiene con una trayectoria de 75 años, con una expansión comercial. Que fue fundada en 1945 por Miguel Jacobo Villasanti, abuelo de Miguel Vázquez, donde fundó un taller en el barrio Obrero de Asunción.
Dicen que el mismo, junto con otros tres socios, en 1951 fundaron Cóndor SACI, representante de Mercedes Benz. En 1956, el padrastro de Miguel Jacobo, fundó Comercial Santa Catalina. Así, en 1984, hablan de la fundación de Credicentro por el padre de Miguel Vázquez.
Tras citar los antecedentes y las adquisición de varias empresas, entre ellas, Pagopar, Hendyla, Crediplus, entre otros, dice que fue controlado y auditado por el Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay, Superintendencia de Banco, Seprelad, Municipalidad de Asunción, entre otros.
Remarcan que el Grupo Vázquez SAE no se encuentra imputada en la causa penal, ni procesado o investigado. Más aún, dicen, el Grupo Vázquez SAE no es siquiera accionista de ueno bank SA.
Sostienen que las medidas cautelares decretadas, están empujando deliberada e injustamente a una empresa operativa y solvente hacia un estado de cesación de pagos y quiebra inminente.
Argumentan que tiene una parálisis operativa y financiera, un incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, una ruptura de la cadena de pagos y la indisponibilidad de bienes operativas, que son esenciales para la logística.
Alegan que es una persona jurídica independiente; que los actos atribuidos a Miguel Vázquez, no pueden trasladarse automáticamente al patrimonio del Grupo Vázquez SAE, que no existe disposición legal que permita convertir a una sociedad accionista indirecta en garante universal de los actos personales, a más de la inexistencia de individualización de bienes, y ausencia de vinculación concreta con los hechos.
Finalmente, oponen la excepción de inconstitucionalidad en contra de la ley 5876/2017 y sus modificatorias que permiten sustraer de la esfera de administración y control judicial para someterlos a la administración de Senabico.
Piden que se declare inconstitucional varios artículos de la citada ley para que no se puedan aplicar al citado caso.