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Criptogranja en predio de político: transformador podría abastecer a 4 mil familias
20/05/2024 06:59
Un inmueble del exdiputado Miguel Cuevas fue intervenido por la ANDE, debido a que se detectó la presencia de una granja de criptomoneda de gran capacidad, con 390 máquinas y otros equipos de alto costo, como un potente transformador que podría abastecer a más de 4.000 familias.
El asesor jurídico de la estatal, Diego Fernández, mencionó a radio Ñanduti que los implicados solo abonaban G. 120.000, debido a que sustraían de manera ilegal la energía utilizada para la minería.
“Es una inversión bastante fuerte, encontramos unas 390 máquinas y un transformador de potencia que abastecería a unas 4.100 familias, contó Fernández. “Estaban robando la energía en un 100%. El medidor no era el apto para registrar el consumo del lugar. Pagaban solo 120.000 guaraníes mensuales, tenían que pagar 800 millones de guaraníes”, agregó.
El entrevistado refirió que la investigación se encuentra a manos del Ministerio Público, señalando que el perjuicio mensual para la ANDE es muy elevado. “El propietario deslindó responsabilidades, ya que presentó un contrato de alquiler”, aclaró además el asesor jur
La propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.
El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.
LUCHA DE LA ANDE
Por otro lado, Fernández resaltó que desde la estatal iniciaron una lucha frontal contra este tipo de actividades, debido al gran perjuicio económico que puede causar y los inconvenientes que generan para los usuarios.
“Tenemos más de 150 denuncias en todo el país. Es una actividad que desangra a la ANDE y afecta y reciente al servicio de energía eléctrica. Las máquinas se quedan en el depósito de la Fiscalía a disposición del Ministerio Público. Presentamos un proyecto de Ley para criminalizar la sustracción y aumentando la pena a 10 años″, puntualizó.
