El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó el significado de la “economía de guerra” que van a aplicar desde el Gobierno y los alcances que tendrá su aplicación a la hora de utilizar los recursos.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, se explayó en un extenso diálogo con radio Monumental 1080 AM sobre lo que implica para el Gobierno iniciar una “economía de guerra”.
Al respecto, Fernández Valdovinos ilustró la situación y señaló que se trata de tener un gasto inteligente de los recursos públicos. “No hay recursos. Y los pocos que tenés, los tenés que gastar de manera muy inteligente”, ilustró.
En ese sentido, dijo que fue muy claro con sus colegas del Gabinete al mencionarles que se priorizará el pago de siete ítems fundamentales, que son salarios, jubilaciones, inversiones atrasadas con constructoras y farmacéuticas, subsidio al transporte, y los programas como Hambre Cero, Adultos Mayores y el servicio de la deuda pública.
“Lo que sobraba, que era una porción chiquitita, básicamente es lo que va a ser distribuido para todos los otros sectores que son importantes, que son fundamentales, tal vez, pero no fueron definidos como sectores prioritarios”, aclaró.
Al respecto, reconoció que no van a poder, quizás, realizar muchos planes fuera de los que ya están en los cuatro sectores que están protegiendo, que, según aseguró, son salud, educación, seguridad y protección social.
“Los otros van a tener que adaptarse a los recursos que sobran”, advirtió.
El ministro, en conferencia de prensa de este lunes, también pidió “ajustarse los cinturones” en el gasto público, debido a una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.
Entre los otros sectores, los no prioritarios, citó como ejemplos al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Ministerio de Justicia, Secretaría de Cultura, Turismo, Ministerio de Industria y el propio ministerio a su cargo, Economía y Finanzas, entre otros.
El Estado adeuda unos USD 400 millones a las empresas de la construcción, mientras que, al cierre del 2025, las obligaciones a proveedores del Ministerio de Salud alcanzaban los USD 800 millones.
En ese contexto, le consultaron si, con el sistema de factoraje, se va a liquidar por completo la deuda con las constructoras y farmacéuticas. En ese punto, explicó que “van a tener que ir viendo cómo resolver”.
“Lo que queremos resolver es la cuestión de los USD 150 millones. Esa es más fácil. Con el presupuesto del año, entonces eso podemos. Lo que no vamos a poder es resolver todo lo de la parte de medicamentos, que son USD 600 millones aproximadamente. Porque eso llevaría todo el presupuesto de este año, entonces se va a generar nueva deuda”, precisó.
Acotó, además, que “van a hacer un cálculo más fino” para las farmacéuticas.