Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, en una intervención conjunta realizada durante la mañana de este lunes 2 de febrero, procedieron a la detención de cuatro agentes penitenciarios en la cárcel de Pedro Juan Caballero.

Los uniformados estaban encargados del sector de armería al momento en que se detectó el faltante de cinco pistolas, hecho que generó una alerta de seguridad máxima en el sistema penitenciario local.
Los funcionarios que quedaron bajo custodia policial, por disposición del agente fiscal Andrés Cantaluppi, son José Asunción Figueredo Vera, Celso Romel Quevedo Añasco, Eugenio Odilón Silva Vázquez y Venancio González Cáceres. Todos ellos se encontraban prestando servicio en el área donde se resguardaba el armamento y ya habían sido separados de sus funciones administrativamente tras la denuncia inicial radicada por el director del penal, Adán González.
Las armas denunciadas como desaparecidas corresponden a tres pistolas de la marca Glock (series AAFC 313, AAFC 319 y AAFC 370) y dos pistolas de la marca CZ (series A697937 y A6088277), las cuales se encontraban en proceso de ser entregados al departamento de Patrimonio para su baja definitiva debido a que estaban en desuso.
La principal línea de investigación del Ministerio Público apunta a una posible complicidad interna o una negligencia grave en los protocolos de custodia. El fiscal Andrés Cantaluppi, con el apoyo de la unidad de Crimen Organizado liderada por el oficial César López, analiza las grabaciones de las cámaras del circuito cerrado para identificar movimientos sospechosos ocurridos durante el relevo de guardia de la medianoche del sábado.
Las autoridades mantienen la preocupación sobre el destino final de estas cinco pistolas. Las hipótesis principales sugieren que las armas podrían haber sido sustraídas para su comercialización ilegal en el mercado negro o, en el escenario más crítico, para ser reingresadas de forma clandestina al interior del penal y entregadas a reclusos vinculados a organizaciones criminales.
Tras el procedimiento en la sede penitenciaria, los cuatro agentes fueron trasladados para prestar declaración indagatoria. La Fiscalía busca determinar la trazabilidad del hecho y si existen más personas involucradas en la vulneración del parque de armas. Por el momento, los detenidos permanecen a disposición de la justicia mientras se aguardan los resultados de los peritajes técnicos a los dispositivos de comunicación incautados y la revisión exhaustiva de los registros de entrada y salida del sector de armería.