Economía de guerra: Cartismo deja sin cuórum estudio de reducción de gastos superfluos

La sesión de la Cámara de Diputados quedó sin cuórum en pleno tratamiento del proyecto de ley, supuestamente consensuado con todas las bancadas, para eliminar gastos superfluos del Estado, en el marco del ajuste que alertó y exige el Ejecutivo. El proyecto plantea que nadie debe ganar más que Peña.

Los cartistas dejaron sin cuórum la sesión cuando se analizaba el proyecto de ley que plantea medidas de racionalización del gasto público, fijando topes a las remuneraciones y prohibiendo beneficios económicos discrecionales en el sector público.

Antes de su ingreso y tratamiento, el proyecto fue consensuado por diputados de todas las bancadas, planteando que nadie gane más que el presidente de la República, Santiago Peña, tras revelarse millonarias bonificaciones del titular del Congreso, así como ministros de la Corte y el Poder Ejecutivo.

La iniciativa busca establecer un marco más estricto para el uso de los recursos del Estado, limitando pagos considerados superfluos y eliminando privilegios en distintos niveles de la administración pública. Entre sus principales puntos, se prohíben bonificaciones para altos cargos, seguros médicos privados para autoridades, provisión de combustibles sin justificación operativa y gastos protocolares no esenciales.

Asimismo, el proyecto fija que ninguna remuneración podrá superar la del presidente de la República, salvo excepciones puntuales, y restringe la publicidad estatal a casos específicos como emergencias, campañas de salud o procesos electorales. También impide la promoción personal de autoridades en obras públicas.

El texto establece que la Contraloría General de la República (CGR) deberá velar por el cumplimiento de la normativa, con facultades de auditoría y control, mientras que el incumplimiento acarreará sanciones administrativas, civiles y penales, además de la devolución de los montos percibidos de manera irregular.

La propuesta, impulsada por diputados como Mauricio Espínola, Hugo Meza, Raúl Benítez, Guillermo Rodríguez y Johanna Ortega, fue tratada en una sesión extraordinaria consensuada, donde primero se sancionó por unanimidad el proyecto de ley “Del Obstetra en la República del Paraguay”, pero luego quedó sin cuórum cuando se discutía la iniciativa surgida del discurso de “economía de guerra” planteada por el Ejecutivo.

Debate

Mauricio Espínola inició el debate señalando que la declaración de “economía de guerra” del Ministro de Economía y Finanzas, resulta paradójica para un Paraguay que hoy ostenta un grado de inversión que significa “solidez macroeconómica y capacidad de pago”.

Añadió que la sostenibilidad de este grado de inversión “es discutible cuando se logra a costa de deteriorar la salud pública, de postergar o parar las obras de infraestructura o de asfixiar a proveedores con deudas legítimas impagas. Este grado económico es importante a la hora de conseguir financiamiento internacional en condiciones favorables”.

“Los números pueden lucir bien pero los números adentro reflejan una gran deuda pendiente en las situaciones sociales”, observó.

Dijo que no se puede dejar de hablar del malgasto económico y la ineficiencia. Sostuvo que el clientelismo político es un modelo perimido y debe ser dejado de lado, por quienes apelan eso para su estructura electoral.

Precisó que los gastos en remuneraciones y bonificaciones podrían optimizarse mediante una reglamentación adecuada, para lo cual se prevé conformar una mesa de trabajo. Estas erogaciones representarían aproximadamente USD 6 millones, a lo que se suman otros rubros como combustibles y viáticos, que rondan los USD 13 millones. “Con el esfuerzo conjunto de esta Cámara, se estima que podría alcanzarse un ahorro total de entre USD 20 y 25 millones”, destacó

Hugo Meza solicitó que el pleno se constituya en comisión para analizar el proyecto, y la moción fue aprobada. Indicó que un proyecto de ley que requiere de un urgente estudio “por la necesidad de enviar a una sociedad cansada, no solamente de los políticos, sino está renegando de la propia democracia”.

Raúl Benítez citó que el ministro Fernández Valdovinos habló de la “necesidad de entrar en una economía de guerra y de ajustar los cinturones, de poner límites a los abusos, de tener prioridades a la hora de llevar adelante el gasto” de tal manera a poder cumplir con los compromisos esenciales que tiene una República.

“Esa conversación no se puede tener solamente por medio del discurso, se puede tener cuando existen señales claras de ese ajuste de cinturones o de esa priorización necesaria que propone el ministro de Economía”, indicó.

Mencionó que esta no será la solución de fondo y no es la reestructuración de fondos que se necesita dentro del Estado, “pero sí es una señal clara para una ciudadanía que espera que la clase política también se ajuste los cinturones, o si no al final ese ajuste de los cinturones solamente lo termina sintiendo el ciudadano que todos los días tiene que soportar los pésimos servicios públicos”.

Precisó que este proyecto propone topear las remuneraciones para que ninguno gane, más el presidente de la República, asimismo que las altas autoridades de los diferentes organismos no tengan un seguro médico privado, y “eliminar esa provisión de combustibles que muchas veces tienen las altas autoridades y que lo usan discrecionalmente”.

También planteó la provisión de alimentos que sea solamente para cuestiones esenciales, como es en el sistema de salud, para los hospitales y para el programa Hambre Cero. “Este proyecto viene a limitar el cinturón de una clase ya privilegiada. La guerra no puede ser solamente mirando hacia abajo, también tiene que ser mirando hacia arriba”, declaró.

Sostuvo que Fernández Valdovinos omite hablar del colapso del modelo económico. Citó el tema energético y la necesidad de volver a analizar la Caja Fiscal, asegurando que estarán de vuelta en el tapete en el próximo periodo.

A su turno, el cartista Yamil Esgaib propuso posponer el estudio para dentro de una semana, y habló de “atropello”, pero no tuvo acompañamiento, ni siquiera de su bancada.

Johanna Ortega destacó que “por fin impera la responsabilidad que tenemos de conducir una conversación parlamentaria pensando en los que están afuera, no para unos pocos, no para darle el gusto a Carlos Fernández Valdovinos ni a ningún otro que crea que puede inventar nuevas formas de conducir una economía cuando casi todo está escrito”.

Salió al paso de Esgaib, señalando que, muy al contrario de lo que se planteó de que se pretende atropellar, “no podemos utilizar el apuro para atropellar a las grandes mayorías, pero cuando se trata de proteger el bolsillo de los paraguayos, aquellos que de verdad están viviendo una economía de guerra, claro que hay apuro”.

Rubén Rubín dijo que el proyecto se trata de “una farsa”. “Más que nunca el Presupuesto General de la Nación tiene que estar al servicio de los paraguayos, pero no de manera tibia. Yo siento que lo que se pretende hacer hoy va en la dirección correcta, pero realmente creo que es una farsa, es bola”, expresó y citó los montos presupuestados en diversos ítems que suman USD 600 millones.

“Nosotros queremos decirle al pueblo paraguayo, no, no se preocupe, vamos a cortar USD 25 millones”, lamentó. Durante el debate, insistió en cerrar varios ministerios y en vender empresas estatales como Copaco porque a su criterio no sirven para nada.

“Tenemos que eliminar privilegios... De manera radical tenemos que aplicar la motosierra”, dijo y citó al ministro de Economía quien manifestó que su propuesta es “polpulista”. “Nosotros tenemos que oxigenarle a este gobierno por lo menos USD 300, 400 millones de dólares, por lo menos y tenemos de dónde sacar”, aseguró.

Antonio Buzarquis lamentó la situación de muchos sectores que viven pobreza extrema como los indígenas. Dijo que acompaña la iniciativa esperando que se entienda como un mensaje para los tres poderes del Estado, para el gobierno central y para los gobiernos departamentales y municipales donde también “hay excesos y abusos”.

Se recortan privilegios de autoridades

Hugo Meza aclaró varios puntos. Precisó que estas medidas de racionalización de las compras y contrataciones superfluas fijan los topes de remuneración asignadas a los funcionarios públicos desde el más alto nivel de ministros, viceministros, directores generales, no así a los funcionarios de una tercera o cuarta categoría.

“Es decir, ataca una discrecionalidad que nosotros como parlamentarios hemos aprobado hace poco y algunos avivadamente topearon para arriba. Esta medida de racionalización lo que quiere es topear esas discrecionalidades y decir que nadie, ni un funcionario, ni ministro, ni viceministro, ni nadie por el estilo pueda ganar más que el propio presidente de la República. La bonificación de cualquiera sea su denominación para funcionarios que ejerzan cargo de conducción política y de alta dirección”, expresó.

Destacó que se elimina el seguro médico privado o medicina prepaga para las máximas autoridades, también la provisión de combustible para autoridades superiores y miembros de órganos colegiados salvo en caso debidamente justificado. Asimismo, la provisión de alimentos, obsequios, arreglos florales, tarjetas y gastos protocolares no esenciales.

Agregó en el tema de provisión de alimentos, habrá excepciones para los hospitales y citó al que se refirió a Rubén Rubín pero sin citarlo, “que cree que lo que él hace nomás es la receta perfecta para nuestro país, y lo que varios diputados hacemos no vale nada. Sin embargo, su generalidad suena muy bien: ‘vamos a ahorrar USD 700, 800 millones de dólares y le meten todo en una bolsa’”.

También se eliminará la publicidad estatal en medios masivos de comunicación, salvo emergencia nacional. Asimismo, la remuneración por presentismo.

Superposición

El diputado liberal, Rodrigo Blanco, hizo hincapié en que existe otra ley de esta naturaleza, aunque consideró sana y legítima la preocupación de los proponentes.
“Me preocupa que mañana tengamos leyes idénticas”, remarcó.

Agregó que: “Me veo en la obligación de advertir y si es posible ver la técnica legislativa que aún cuando haya una sana intención, no terminemos generando caos jurídico que beneficien a corruptos y a los que quieren algunas en la ley para no cumplir con su propósito”, apuntó.

Fue en relación a una ley vigente que fue aprobada en pandemia y según Blanco “ya contempla el 98%” de las propuestas que sus colegas presentaron hoy.

Dijo que acredita las palabras del Ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, en el sentido de que el fisco sufre. “Está mal porque no se cumple la ley”, sostuvo.

Finalmente, la sesión no pudo continuar por falta de cuórum.

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