El fiscal general confirma a los fiscales del caso de Erico Galeano

El titular del Ministerio Público no hizo lugar al pedido de sacar a los fiscales del caso del senador cartista. La recusación a los agentes había paralizado el juicio, ahora, con esto se podrá iniciar el juzgamiento. Aunque el legislador todavía podría recurrir a la Corte Suprema.

El fiscal general Emiliano Rolón Fernández rechazó la impugnación del senador Erico Galeano, quien buscaba apartar a los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, en la causa por supuesto lavado de dinero y asociación. Con esto, ambos agentes son confirmados.

Rolón aseguró que no están dadas las condiciones exigidas por la ley como causales de recusación, por lo que seguirán los citados fiscales como responsables de la causa.

Si bien hay vía libre para fijar fecha de juicio oral, el parlamentario tiene tres días para impugnar la resolución, recurriendo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Primera recusación rechazada

Días atrás, la fiscala adjunta Soledad Machuca ya había rechazado la recusación a los fiscales Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción; y Deny Yoon Pak, de la Unidad de Narcotráfico.

El abogado Rodrigo Cabral, quien no ejerce la defensa del legislador en el proceso, fue el que recusó a los agentes, alegando que desde un primer momento se han comportado “llamativamente” respecto a sus derechos.

Soledad Machuca analizó que la recusación fue con una “clara intención dilatoria”, ya que esta se presentó en el día que debía iniciar el juicio y el recurso frenó el inicio del juzgamiento.

El legislador debe enfrentar juicio oral por los hechos de lavado de dinero y asociación criminal, por supuestamente estar al servicio del esquema criminal liderado por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán.

Acusado por lavado de dinero

Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta habían acusado al congresista colorado por lavado y asociación, por haber estado supuestamente al servicio de la organización criminal liderada por los presuntos narcotraficantes Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset, procesados en el caso A Ultranza Py.

Se lo vincula a través de la venta de un inmueble en un lujoso complejo, el Aqua Village.

Según la Fiscalía, el 8 de febrero de 2013, el legislador compró la vivienda por USD 210.599, pero terminó vendiéndolo en plena pandemia, por USD 1.000.000, a alguien que –según investigaciones– no tenía capacidad económica para adquirirlo.

Se trata de Hugo Manuel González, presunto testaferro de Miguel Ángel Insfrán.

Además, se le sindica haber prestado la avioneta de su empresa a miembros de este esquema y se cree que recibió dinero proveniente del narcotráfico y lo ingresó en las finanzas del Club Deportivo Capiatá.

 

 

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