AFP y EFE CARACAS. Venezuela liberó el miércoles a 18 periodistas en medio del lento proceso de excarcelaciones prometido por el gobierno interino bajo presión de Estados Unidos. Estas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la de ciudadanos estadounidenses anunciada la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió tras la caída de Nicolás Maduro en un bombardeo en Caracas ordenado por Donald Trump, dijo este miércoles que eran 406 los liberados.
Según manifestó a la prensa, se abre un nuevo capítulo para permitir el entendimiento desde la diversidad política. Asimismo indicó que “se mantiene abierto” el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante de personas”.
Las autoridades evitan liberaciones en los penales directamente, donde decenas de familiares se agolparon desde el 8 de enero con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos.
Los detenidos son trasladados desde sus centros de reclusión a otros lugares para su liberación, lejos de los lentes de la prensa.
Carreño fue liberado en un centro comercial. Otros dirigentes, como el ex candidato presidencial Enrique Márquez, fueron llevado en una patrulla de los servicios de inteligencia a su casa.
“Nos acaban de avisar, en este momento vamos a buscarlo”, dijo a la AFP José Alejandro Pérez, sobrino de Carreño, que estuvo entre las más de 2.000 personas que terminaron presas tras las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Carreño integraba el partido Voluntad Popular (VP) y fue un cercano colaborador del antiguo jefe opositor, Juan Guaidó. Antes se desempeñó como comentarista en un programa de opinión de Globovisión.
Estaba recluido en la cárcel del Rodeo I, a las afueras de Caracas.
“CPI es lenta para investigar a Maduro”
Un grupo de familiares de los 200 muertos en las protestas de 2017 en Venezuela criticaron la “lentitud” de la Corte Penal Internacional (CPI) y pidieron agilizar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno del depuesto Nicolás Maduro. Los familiares indicaron que su petición de justicia no cambia por el hecho de la captura de Maduro.