Ex rector de la Universidad de Rivas imputado por estafa y falsificación

Responsabilidad. Se habría falseado aprobación de asignaturas y constancias de estudiantes. ¿Estafados? La Universidad se vendió por G. 450 millones y sospechan perjuicio patrimonial.

El ex rector de la Universidad Sudamericana (2009 al 2015), Alejandrino Gonzalo Pedro Acuña Vázquez, fue imputado por supuesta estafa y producción de documentos falsos. Se cree que falsificó registros académicos para hacer figurar como estudiantes a personas que nunca cursaron las carreras. El caso surgió tras la condena a Hernán Rivas.

Justamente esa sentencia de ocho años de cárcel destapó la olla y puso en el foco que en la Universidad Sudamericana, al parecer, se fabricaban documentos académicos para “alumnos fantasmas” y ahora la Fiscalía va contra el ex rector y administrador de la casa de estudios.

Se presume que Acuña Vázquez falsificó documentos de la universidad a personas como si hubieran cursado y aprobado materias o carreras sin haberlo hecho realmente.

¿QUÉ SE FALSIFICÓ? “Alejandrino Gonzalo Acuña Vázquez habría dejado constancia en los registros y documentos académicos de la Universidad, hechos que no se corresponderían con la realidad, tales como la condición de estudiantes, aprobación de asignaturas, rendición de exámenes, entre otros”, dice la imputación.

 

 

Lo grave es que en octubre de 2015, el ex rector vendió y transfirió la universidad a los nuevos dueños, que son José María Manzoni y Arturo Peralta Vierci, pero ocultó las irregularidades académicas y documentales.

Se pagaron G. 450.000.000 por la compra y al final, estos denunciaron que se enteraron de las inconsistencias con el caso Rivas, lo que les generó un daño a su reputación como institución educativa.

Se presume que Acuña quiso obtener un beneficio patrimonial indebido.

Estos confirmaron en el juicio que se “confeccionaron” los documentos a Rivas y que, pese a figurar como alumno entre los años 2009 y 2015, nunca cursó la carrera.

“Esta situación derivó en el total desprestigio de la Universidad Sudamericana, con la pérdida de clientes, alumnos, cierres de filiales, lo cual generó un perjuicio patrimonial importante a los denunciantes”, afirmó el fiscal.

Sin embargo, como los hechos ocurrieron ya hace once años, varios cuestionaron que el caso ya estaría prescripto.

INDAGATORIA. Finalmente, la Fiscalía pidió un plazo de seis meses para investigar el caso a fondo y solicitó que el ex rector cumpla con medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la obligación de firmar el libro, en lugar de ir a prisión.

También convocó a Acuña a que comparezca en la Fiscalía el 27 de octubre, a las 09:00, para su declaración indagatoria.

Sentencia de 8 años. El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo en setiembre pasado condenó por unanimidad al ex senador Hernán David Rivas Román, a 8 años de cárcel, quien apeló la semana pasada.

El Tribunal lo tildó de ser “un alumno fantasma”.

 

El escándalo del título falso arrastra ahora a otros actores

Condenado. El ex senador colorado Hernán Rivas fue condenado a 8 años de cárcel por su título falso.

Foto: Archivo UH.

El escándalo del título falso de abogado del ex senador colorado Hernán Rivas provocó una crisis institucional sin precedentes en nuestro país al demostrar que un alumno fantasma llegó a presidir el órgano encargado de juzgar a jueces, fiscales y defensores públicos.

Tras ser condenado en primera instancia a ocho años de prisión, el caso del ex legislador colorado sacudió los cimientos del Poder Judicial, el Congreso y el sistema universitario, poniendo en el foco de la Fiscalía a varios actores de un esquema fraudulento de producción de títulos y registro profesional falsos.

La investigación penal expuso cómo Rivas operó con una matrícula obtenida mediante documentos de contenido falso emitidos por la Universidad Sudamericana, un hecho calificado por analistas, gremios y la ciudadanía misma como una burla directa del Estado y un golpe severo a la seguridad jurídica nacional.

Las repercusiones políticas del proceso no solo forzaron la salida de Rivas de la titularidad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la posterior pérdida de su banca parlamentaria, sino que además provocaron un efecto dominó que hoy arrastra a la cúpula académica que avaló su fraude.

Ahora, la Fiscalía ya imputó al ex rector de la mencionada casa de estudios Alejandrino Gonzalo Pedro Acuña Vázquez, evidenciando que el ex parlamentario fue el rostro visible de un esquema de falsificación mucho más profundo. Mientras la ciudadanía exige la prisión de Rivas tras ser declarado culpable por un Tribunal de Sentencia, el caso continúa abierto en segunda instancia tras la apelación presentada por su defensa.

La apelación fue presentada por la abogada defensora, Alba Zaracho, el pasado viernes 16 de octubre, ante la Cámara de Apelaciones argumentando que la causa penal ya prescribió debido al tiempo transcurrido, por lo que exige la absolución inmediata de su cliente.

Según expuso la abogada Alba Zaracho, defensora de Hernán Rivas, la sentencia en su contra causó “agravios irreparables” y que la falsificación de su título de abogado es “un hecho prescrito”. Según los jueces, el ex senador no cursó la carrera de Derecho y obtuvo un título falso como abogado. Con ello, logró ser representante del JEM.

 

La causa del suegro de Rivas continuará en Paraguarí

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el conflicto de competencia de la causa donde está imputado por falsificación de documentos el ex concejal Juan Gregorio Escobar Núñez, suegro del ex senador colorado Hernán Rivas.

El caso finalmente quedará en el territorio judicial de Paraguarí, donde ya había sido procesado.

El 29 de junio de este año, el fiscal Alcides Espínola había imputado a Escobar por los hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

Ya desde esa fecha, el caso quedó trabado una y otra vez. El mismo Juzgado Penal de Garantías de Paraguarí se declaró incompetente en la causa, ya que la imputación menciona un contrato privado de compraventa y la certificación de firmas “cuya autenticidad fue celebrada en la ciudad de Asunción”.

Remitieron la causa a la capital, pero también el juez de allí declaró a su vez su incompetencia.

Explicó que en la imputación se habla también de juicios civiles tramitados en Paraguarí y el caso terminó en la Sala Penal.

Así, finalmente la Corte recordó que la supuesta producción de documentos tuvo origen en Asunción, pero que el uso se dio en los Juzgados de la ciudad de Paraguarí.

Si bien las conductas fueron cometidas en distintas localidades, según la ley, se deberá juzgar en el lugar donde se haya consumado el hecho, determinaron los ministros.

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