El Departamento de Justicia estadounidense solicitó incluir evidencias de sobornos a funcionarios de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela, además de chats de la red Sky ECC (encriptados) para demostrar el esquema del capo narco Sebastián Marset. La información fue publicada por el Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca poner sobre la mesa toda la estructura de corrupción y violencia del presunto capo narcotraficante uruguayo Sebastián Marset de cara al juicio en su contra, previsto para principios del próximo año.
Según un reporte publicado por el Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), los fiscales estadounidenses presentaron la semana pasada siete nuevas mociones previas al juicio ante el juez de distrito Rossie Alston Jr.
En los documentos, la Fiscalía solicitó autorización para incorporar como prueba los presuntos pagos de sobornos a funcionarios gubernamentales en Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela, así como comunicaciones encriptadas y testimonios que revelan una conspiración global de lavado de dinero.
Para los fiscales, estas evidencias son fundamentales para que el jurado comprenda la magnitud de la red criminal de Marset, a quien describen como un líder que dirigía su organización de manera “despiadada y brutal, asesinando a quienes se le oponían o cooperaban con las fuerzas del orden”.
Según el escrito judicial, citado por OCCRP, el acusado aplicaba el clásico modelo de “plata o plomo” para doblegar a los Estados: “En la práctica, esto significaba que el acusado amenazaba, ponía bombas e incluso asesinaba a aquellos miembros de las fuerzas del orden a los que no podía corromper”.
Respecto a las coimas en Paraguay y los demás países de la región, la Fiscalía sostiene que Marset pagó a funcionarios públicos para obtener información sensible y blindaje policial.
“Estos sobornos le permitieron llevar a cabo sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las fuerzas de seguridad”, señala el documento. En el caso específico de Bolivia –donde fue capturado en marzo durante un operativo realizado antes del amanecer en Santa Cruz y luego expulsado a EEUU con apoyo de la DEA–, los pagos le permitieron acceder a expedientes policiales, evadir operativos de captura y recibir alertas sobre reuniones entre autoridades locales y agentes estadounidenses.
Otro eje central del pedido fiscal es la admisión de mensajes enviados a través de la red encriptada Sky ECC, una plataforma canadiense con servidores en Francia que fue utilizada por organizaciones criminales en América Latina y Europa.
Los investigadores identificaron 12 números de identificación personal vinculados a la conspiración y aseguran que tres pertenecían directamente a Marset, lo cual comprobaron mediante fotografías de sus tatuajes, su familia y otros datos personales hallados en los chats.
Entre el material extraído de la plataforma figura una prueba estremecedora: los fiscales aseguran que Marset “envió por mensaje de texto la fotografía de un individuo al que asesinó, y el gobierno cuenta con pruebas independientes de que el acusado fue responsable del homicidio”.
Además, buscan presentar declaraciones de testigos, entre ellos un coconspirador no acusado y un agente encubierto, para detallar cómo se movía el dinero ilícito desde Europa hacia Sudamérica.
Por su parte, los abogados de Marset intentan frenar el avance de la Fiscalía y cuestionan la validez del proceso. Argumentan que el cargo inicial de lavado de dinero no corresponde a la jurisdicción estadounidense porque se basó en una única transferencia bancaria entre Portugal y China que no pasó por servidores de bancos de EEUU.
También alegan que su cliente nunca traficó drogas hacia territorio estadounidense y que los grupos vinculados a la acusación de narcoterrorismo no estaban designados como tales al momento de los hechos.
En paralelo, la defensa pidió al juez Alston que oculte al jurado cualquier referencia a crímenes violentos que no encajen en la definición de narcoterrorismo, incautaciones de drogas en aguas internacionales cerca de África, registros bancarios ajenos a los cargos específicos y testimonios de oídas.
La semana pasada, los abogados retiraron una solicitud para anular el uso de un teléfono celular incautado, luego de que los fiscales se comprometieran a no utilizar información extraída de ese dispositivo.
Aún no está claro cuándo se pronunciará el juez Alston sobre estas nuevas mociones ni sobre los planteamientos previos de la defensa para desestimar los cargos.