Fiscalía apunta a llevar el caso a juicio oral para demostrar que Hernán Rivas no es abogado

La fiscala Patricia Sánchez explicó que el Ministerio Público continuará el proceso para llegar a juicio oral con el objetivo central de demostrar que el senador Hernán Rivas no es abogado.

La fiscala Patricia Sánchez señaló que el Ministerio Público buscará demostrar en juicio oral que la condición de abogado del senador Hernán Rivas es falsa. Para ello, se sustentará en las inconsistencias detectadas tanto en el título como en el certificado de estudios, las cuales –según indicó– están debidamente detalladas en el escrito de acusación, dentro del apartado de fundamentos.

Asimismo, explicó que las condiciones fácticas relacionadas con lo ocurrido en la Cámara de Diputados, ante la Corte Suprema de Justicia y en el Senado se encuentran claramente expuestas, incluso mediante un cuadro explicativo. Añadió que estos elementos fueron considerados al momento en que el Juzgado de Garantías admitió la imputación.

Detalló que el proceso se remonta al 2020, cuando la Cámara de Diputados dictó una resolución a partir de la cual se solicitó la obtención de la matrícula profesional. Este trámite culminó en julio del 2021 y posteriormente fue presentado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como representante.

Indicó que la resolución tuvo vigencia hasta el 2023, cuando se culmina la representación por la Cámara de Diputados y continúa con la del Senado en un nuevo acto administrativo que dicta el Senado en una resolución en el 2023 y hasta que tomó la decisión de pedir permiso una vez iniciada esta causa.

Sánchez aclaró que la causa abarca varios tipos penales y que la acusación se basa en demostrar la falsedad de la condición profesional del acusado.

“Mi objeto de juicio es probar que su condición de abogado es falsa”, afirmó a radio Monumental, al tiempo de señalar que existen múltiples inconsistencias tanto en el título como en el certificado de estudios.

“Estamos hablando de documentos cuya producción y utilización se extendieron en el tiempo. Por un lado, la matrícula profesional; por otro, la resolución de la Cámara de Diputados, emitida en el 2020, pero con vigencia y efectos hasta el 2023. A esto se suma la resolución del Senado, que también se dictó posteriormente y mantuvo efectos hasta el momento del permiso”, precisó.

En ese contexto, explicó que el tipo penal de producción de documentos prevé una expectativa de pena de hasta tres años, que es la que se toma en cuenta para el cómputo de la prescripción. En cuanto al uso de documentos, la pena puede alcanzar hasta cinco años y, en casos especialmente graves, incluso extenderse hasta diez años.

Para el Ministerio Público, la afirmación de la Cámara resulta arbitraria y carece de sustento, tal como se expone en el recurso de casación. Esto, debido a que sostiene que la imputación se realizó fuera de plazo a partir de un análisis centrado en los tiempos de expedición del título y del certificado de estudios, elementos que no forman parte del objeto de la acusación.

En ese sentido, la fiscala Sánchez aclara que en el relato de hechos no se afirma que el senador Rivas haya tramitado su título ante el Ministerio de Educación, ni tampoco que lo haya obtenido formalmente. De hecho, en sede de Garantías ya se había considerado prescripta la posibilidad de sancionar la producción del documento con base en su fecha de expedición, mientras que el tribunal extiende ese criterio al hecho de su inscripción en el MEC.

La fiscala Sánchez insiste en que esos aspectos no constituyen hechos acusados, sino elementos probatorios; es decir, los documentos son utilizados como evidencia dentro del proceso, pero no forman parte del núcleo de la imputación.

En el marco de la pesquisa, el Ministerio Público convocó a egresados de la supuesta promoción del acusado. “Llamamos a los egresados, uno por uno, y todos dijeron que no lo conocen”, indicó. Asimismo, se verificó la filial en la que habría cursado y el contenido de su tesis, y se detectaron contradicciones. “Hay un certificado de estudios que menciona una tesis sobre robo agravado y otro que habla sobre la reelección”, ejemplificó.

Otra irregularidad señalada por la fiscala guarda relación con las fechas académicas. Según explicó, la fecha de defensa de tesis consignada en los documentos corresponde a un periodo en el que la Facultad de Derecho ya no se encontraba habilitada.

Además, se identificaron inconsistencias en torno al plantel docente. “Hubo un profesor que figura en la defensa, pero al contrastar con el MEC no estaba en el listado de docentes de la carrera”, sostuvo. También mencionó contradicciones en las declaraciones de algunos supuestos compañeros del acusado.

Sánchez añadió que, pese al tiempo transcurrido, el propio Rivas no ha podido respaldar su formación. “Pasaron tres años y seguimos esperando que acerque quiénes fueron sus profesores o compañeros, tal como nos prometió”, expresó.

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