Representantes del Frente Sindical y Social proponen abrir un debate nacional para discutir el mecanismo de reajuste del salario mínimo vigente en Paraguay, actualmente basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pedido fue realizado por Eduardo Aguayo, titular de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), durante una entrevista en el programa “Fuego Cruzado”,

Aguayo criticó la falta de propuestas claras por parte del Gobierno de Santiago Peña y del Ministerio de Economía, señalando que “existe una autocrítica sobre el modelo actual, pero se sigue haciendo lo mismo de siempre”.
“El IPC sirve para política monetaria, pero no refleja con precisión el costo de vida de los trabajadores”, afirmó.
Desde el sector sindical y social plantean la conformación de mesas de diálogo con el Ejecutivo para debatir nuevas metodologías que puedan ser utilizadas por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), de modo que el ajuste no se base exclusivamente en el IPC.
Aguayo manifestó su acuerdo con la necesidad de reajustar el salario, pero cuestionó el impacto limitado del aumento, que actualmente afecta solo al 11% de los trabajadores, es decir, unas 370.000 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
“El salario sube, los precios también, pero la mayoría no siente ningún beneficio. El impacto es negativo para el conjunto de la clase trabajadora”, advirtió.
Además, resaltó que existen más de 824.000 trabajadores que ganan menos del salario mínimo, lo que representa el 24% de la población laboral activa, mientras que el resto percibe ingresos por encima del mínimo pero no se ve beneficiado con los reajustes.
El dirigente insistió en que se debe considerar el desajuste histórico de los ingresos frente al alza constante del costo de vida. “Nuestros salarios siempre corren por detrás de la inflación. Basta ir al supermercado o al mercado para comprobar que cada mes tenemos menos condiciones para llegar a fin de mes”, lamentó.
Finalmente, desde el Frente Sindical y Social instaron al Gobierno a definir una postura clara y transparente sobre los cambios que se pretenden introducir en la política salarial, advirtiendo que, de no haber respuestas, podrían evaluar medidas de presión.