El abogado constitucionalista sostuvo que la senaduría vitalicia es un derecho irrenunciable establecido por la Constitución Nacional y cuestionó el proyecto impulsado por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, que busca reglamentar esta figura. A su criterio, la iniciativa pretende modificar la Constitución a través de una ley ordinaria.

Estigarribia afirmó que la senaduría vitalicia otorgada a los expresidentes que culminaron su mandato constituye un honor y un reconocimiento previsto expresamente en la Constitución, por lo que no admite reglamentación ni renuncia mediante una ley. Según explicó, cualquier intento en ese sentido implicaría una modificación o derogación constitucional por una vía incorrecta.
El constitucionalista cuestionó el proyecto presentado por el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, al señalar que se trataría de un abuso del derecho y del poder. Indicó además que la figura del senador vitalicio no fue comprendida ni aplicada correctamente por el propio Poder Legislativo, que durante años no asignó presupuesto para su funcionamiento.
En relación con la posibilidad de que expresidentes puedan renunciar a la senaduría vitalicia para volver a ocupar cargos legislativos activos, Estigarribia aclaró que una eventual ley no tendría efecto retroactivo. En ese sentido, sostuvo que no alcanzaría a actuales senadores vitalicios como Nicanor Duarte Frutos, Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez o Juan Carlos Wasmosy, ya que la normativa solo podría regir hacia el futuro.
Sobre el caso del expresidente Fernando Lugo, Estigarribia señaló que la situación es distinta, debido a que fue destituido mediante juicio político, lo que a su entender genera una laguna constitucional. Agregó que el Congreso debería debatir, por la vía legislativa adecuada, si quienes fueron removidos por juicio político o pérdida de investidura pueden o no volver a ocupar cargos públicos.
El abogado insistió en que, si se considera necesario modificar el régimen de la senaduría vitalicia, el camino correcto es una enmienda o reforma constitucional, y no una ley ordinaria aprobada por una mayoría coyuntural. También advirtió que el proyecto podría funcionar como un factor distractor frente a otros temas de mayor relevancia en la agenda nacional y cuestionó que el impulso de esta iniciativa provenga del propio presidente del Congreso, a quien atribuyó la responsabilidad de garantizar el respeto a la Constitución.