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Imputan a las máximas autoridades de APA por presunta lesión de confianza por cerca de G 2.000 millones
21/09/2026 16:25
La Fiscalía formuló un acta de imputación contra las cuatro principales autoridades de APA por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en el marco de una causa que investiga el uso de fondos de la entidad de gestión colectiva.
Se trata del Acta de Imputación N° 31/2026, presentada este lunes 21 de setiembre por los agentes fiscales Julio César Ortiz González (Unidad Penal N° 3) y Juan Leonardi Guerrero (Unidad Penal N° 17), dentro de la causa N° 370/2026, caratulada «David Portillo y otros s/ Lesión de Confianza», que tramita ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Primer Turno, a cargo del juez Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente de Autores Paraguayos y Asociados (APA); Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
Según el escrito fiscal, entre julio y octubre de 2025 los imputados habrían intervenido, en el ejercicio de sus funciones, en la compra de bienes destinados a regalos navideños en el marco del Programa Jopoi 2025, por un monto aproximado de ₲ 1.990.000.000. Para financiar esas compras habrían utilizado primero fondos del área social de la entidad y, una vez agotados estos, ₲ 696.794.530 provenientes de intereses generados por Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), sin contar con autorización previa y específica de la Comisión Directiva.
La fiscalía sostiene que los pagos a proveedores se realizaron antes de que la Comisión Directiva aprobara formalmente el uso de esos fondos (Resolución C.D. N° 121/2025, del 29 de octubre de 2025), cuando ya se habían efectuado la totalidad de los pagos. Además, parte de las compras habría sido respaldada con facturas atribuidas a la firma «Despensa Gabrielito», por un valor superior a ₲ 1.160 millones, cuya propietaria, Nilda Noemí Alarcón, negó ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) haber contratado con APA, haber suministrado los bienes consignados o haber cobrado los montos facturados. Según la investigación, esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por un tercero, y la Fiscalía sospecha además de un eventual sobrecosto en los artículos adquiridos.
Una consultoría técnica contable, elaborada por una perito designada en la causa, concluyó que no pudo acreditarse suficientemente la existencia de una autorización previa, específica y documentada para varias de las operaciones cuestionadas, y que hubo una «debilidad en la correspondencia temporal» entre la autorización, la ejecución y el financiamiento de los pagos.
El Ministerio Público calificó preliminarmente la conducta atribuida como lesión de confianza, prevista y penada en el artículo 192, incisos 1° y 2°, del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso 2°, y estimó en ₲ 1.990.000.000 el perjuicio patrimonial ocasionado a la entidad.
La fiscalía solicitó al juzgado un plazo de seis meses para la investigación y pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los cuatro imputados, entre ellas la prohibición de salida del país, la prohibición de ingreso a la sede de APA, la prohibición de comunicarse entre sí y una caución real por el monto del perjuicio denunciado. Las declaraciones indagatorias de los imputados fueron fijadas para los días 12 y 13 de octubre.
El Ministerio Público confirmó estos datos mediante un comunicado de prensa oficial, firmado por los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, en el que remarcó que la investigación se originó a raíz de una auditoría de la Dinapi y detalló el rol de cada uno de los directivos imputados en el manejo irregular de los fondos de la entidad.
