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Ley de defensa de periodistas: Senador alerta sobre falta de claridad en beneficiarios
16/10/2025 08:25
El senador Líder Amarilla (PLRA) avaló, con reservas, la Ley de Defensa de Periodistas, advirtiendo que aún existe falta de claridad sobre quiénes serían los beneficiarios y cómo se aplicaría la normativa. La iniciativa, postergada ayer en el Senado, busca garantizar la protección de quienes ejercen el periodismo y dar cumplimiento a la sentencia internacional por el caso Santiago Leguizamón, pero
La postergación, aclaró, se debió a cuestiones de trámite en la Comisión de Asuntos Constitucionales. “La postergación es por una cuestión de que se debe dictaminar en Constitucionales que ayer no se pudo porque algunos parlamentarios estábamos con el tema de la Bicameral, cosas de mero trámite”, declaró a la emisora 730 AM.
Amarilla subrayó que la ley es necesaria para cumplir con las recomendaciones del Tribunal de La Haya en torno al caso Leguizamón, que instan a Paraguay a crear un organismo que proteja el ejercicio de la profesión periodística. “Mi opinión con respecto a la ley es que tenemos que dar cumplimiento a lo que establece la sentencia del Tribunal de la Haya… Desde ese punto de vista, es saludable la aprobación de este proyecto de ley”, indicó.
Entre los aspectos que requieren ajustes, el senador destacó la definición de quiénes son los titulares de la protección, para evitar que personas fuera del periodismo profesional se vean beneficiadas. “Es importante determinar esto porque el Estado le va a dar protección total… Pero cómo se determina eso es la cuestión que hay que ir aclarando en el procedimiento”, explicó. Además, resaltó que cualquier persona amenazada mientras informe sobre hechos de interés público “sin duda debe ser protegida”.
Amarilla también detalló los beneficios prácticos de la ley: permitiría que delitos que hoy se consideran de carácter privado, como amenazas o violación de la privacidad, pasen a ser de acción penal pública, y que la Fiscalía pueda intervenir de oficio. Esto facilita el acceso a la justicia de los periodistas, quienes muchas veces no cuentan con los medios económicos ni las herramientas para diligenciar pruebas, como la obtención de informes de telefonía para identificar a los responsables. “En el caso de los periodistas, en el ejercicio de la profesión, la Fiscalía va a poder intervenir en esos delitos. Esas son las bondades de la ley”, aseguró.
La norma también prevé la conformación de una comisión con presupuesto estatal que pueda hacer seguimiento a los casos, coordinar intervención policial o custodios privados y garantizar la protección integral de los periodistas.
Finalmente, el legislador enfatizó que la ley busca proteger el derecho a la información y la libertad de expresión, aunque señaló que estos derechos deben ejercerse “con límites, por supuesto”.
