El ministro de Defensa Óscar González señaló que si bien se amplía el área de actuación militar a través de un decreto, solamente se actuará en casos concretos.

El presidente de la República, Santiago Peña decretó que las Fuerzas Armadas realicen operaciones en defensa interna y no solo en el Chaco y las fronteras, sino también en la Región Oriental, bajo el argumento de la aparición de agrupaciones criminales y terroristas.
El ministro de Defensa Óscar González señaló que si bien se amplió el territorio de actuación, la forma de operar no tendrá variación.
“Siempre vamos a estar operando en base a informaciones de inteligencia, con el control del Ministerio Público, con la autorización del Poder Judicial y en contra de grupos armados que son peligrosos para la ciudadanía porque tienen armas de guerra, entrenamiento más o menos militar y porque a veces también tienen esa intención de ponerse por encima de la facultad soberana del Estado paraguayo”, argumentó.
En ese sentido señaló que “solamente” en el caso de que se tenga que enfrentar a un grupo de esas características se intervendrá.
“Siempre con informaciones de inteligencia y coordinado con las instituciones fraternas, Policía Nacional o Secretaría Nacional Antidrogas, en caso de que sea una cuestión de drogas”, agregó.
Con relación a la modificación aplicada con el decreto, González señaló que se amplía el territorio en el que las Fuerzas Armadas pueden intervenir.
“Como ya lo estábamos haciendo en los cuatro departamentos del Norte y los tres departamentos del Sur que estaban luego ya habilitados por decreto, para que en esas partes del territorio se puedan usar los elementos de combate de las Fuerzas Armas de la Nación”, explicó.
El decreto firmado por Santiago Peña “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”.
La normativa se sustenta en una nota remitida por el ministro del Consejo de Defensa Nacional (Codena), Cíbar Benítez Cáceres, que señala que informes de inteligencia y otros hechos conocidos internamente, confirman la presencia de miembros de agrupaciones ilegales en varios departamentos de la Región Oriental, vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos.