Senadores cuestionan blanqueo a Hernán Rivas y piden información sobre amenaza a fiscala

“Prostitución judicial”, “absurdo jurídico”, “mayor bochorno” fueron los calificativos de senadores sobre el sobreseimiento de Hernán Rivas en el caso de su título falso de abogado. La amenaza que recibió la fiscala Patricia Sánchez para no continuar con el caso también fue objeto de pedidos de esclarecimiento.

El senador Rafael Filizzola solicitó que la Cámara de Senadores requiera al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, todos los antecedentes e informes relacionados con la denuncia de amenaza de un senador a la agente fiscal Patricia Sánchez, quien lleva el caso del senador Hernán Rivas y su presunto título falso de abogado con el que llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Durante su intervención, Filizzola sostuvo que el pedido responde a la gravedad institucional del hecho que fue públicamente denunciado por el Ministerio Público y por la agente fiscal en cuestión, quien, ante ausencia de evidencias contundentes, optó por no identificar al legislador que realizó la amenaza, que fue a través de otra persona, según relató la agente.

El legislador remarcó que existe una denuncia sobre presuntas amenazas realizadas “por interpósita persona” a la fiscala Patricia Sánchez en nombre de un senador, lo que obliga al Ministerio Público a actuar con todas las herramientas legales disponibles. “Es difícil probar este tipo de situaciones, pero el fiscal general del Estado tiene todas las herramientas para iniciar una investigación y decirnos quién fue la persona que amenazó a una fiscala en nombre de un senador de la República”, expresó.

En ese sentido, pidió que la Presidencia del Senado remita una notificación formal al titular del Ministerio Público para que brinde toda la información que tiene sobre el caso. “Nosotros sí tenemos la obligación de hacer algo, porque mientras no hagamos nada, somos todos sospechosos, todos y cada uno de los senadores y senadoras que estamos acá. Así que exijamos, y pido formalmente que el presidente de la Cámara de Senadores le envíe una notificación, un pedido al fiscal general del Estado, para que nos remita la información que tiene”, dijo.

Sostuvo que el fiscal general del Estado tiene que abrir una carpeta fiscal y llegar al fondo de esta situación, subrayando que el objetivo debe ser identificar tanto a la persona intermediaria como al supuesto autor intelectual de las amenazas.

Afirmó también que cree en la denuncia de la fiscala. “Nadie se mete en un lío como este, tocando intereses políticos importantes, solamente por tener prensa”, señaló. Además del pedido concreto, el senador criticó al fallo judicial que benefició a Rivas, al considerar “escandaloso” que se haya declarado la prescripción de las acusaciones bajo argumentos que calificó como inválidos.

Calificó de lamentable la forma de terminar la carrera judicial de Delio Navarro y sostuvo que Bibiana Benítez es una “semianalfabeta”. “Habría que ver si tiene título, porque de Derecho no entiende nada”, acotó. Advirtió que el caso trasciende lo individual y afecta la credibilidad del sistema de Justicia, especialmente por el hecho de que no existirían evidencias concluyentes de que Rivas cuente con el título de abogado que le permitió integrar instancias claves como el JEM.

“Absurdo jurídico”

Eduardo Nakayama trazó un paralelismo entre el caso Rivas y el de Chaqueñito, señalando que inicialmente generaba reacciones de burla. “Hasta un cierto punto podíamos considerar que es simpático, nos reímos, pero hay momentos en los que la cuestión deja de ser simpática y pasa a un ámbito criminal”, expresó. Recordó que ese precedente derivó en la pérdida de investidura tras la difusión de un audio que revelaba posible caso de pedofilia.

Sostuvo que el caso de Rivas “no es menos serio” y ya ha generado un fuerte impacto en la sociedad paraguaya. El legislador aclaró que el problema no radica en la falta de formación académica, ya que la Constitución Nacional no exige título universitario para ocupar una banca en el Senado. “Vos no tenés ningún problema de sentarte acá en el Senado sin ser profesional”, afirmó, señalando que él mismo se lo había dicho a Rivas.

Sin embargo, cuestionó las circunstancias que rodean su título y las denuncias existentes. Recordó que, tras la acusación impulsada en su momento por la ex senadora Kattya González, “increíblemente terminó ella afuera y Hernán siguió adentro”, lo que a su criterio refleja una distorsión en el sistema político.

También cuestionó la amenaza hacia la fiscala Patricia Sánchez. “Nos hemos enterado de que hubo una amenaza por interpósita persona para que la fiscala de la causa no accione en casación ante la Corte Suprema de Justicia ante el vergonzoso fallo de los camaristas Delio Navarro y Bibiana Benítez”, indicó.

En ese sentido, el senador instó a la fiscala a actuar con firmeza. “No es cierto que no haya pruebas; no es cierto que no se puedan producir pruebas”, enfatizó, al tiempo de exhortar también al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a impulsar el proceso. “Lo que falta es voluntad”, sentenció.

Mencionó figuras penales que, a su criterio, podrían configurarse en el caso, como coacción grave, tráfico de influencias, estafa académica y usurpación de funciones públicas. Cuestionó especialmente el hecho de que Rivas haya integrado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, actuando como “juez de jueces”.

“Por prescripción, entonces ahora resulta que es abogado. Eso es un absurdo jurídico”, afirmó, advirtiendo que este tipo de decisiones podrían sentar un precedente peligroso. “Un título falso no puede convertirse en verdadero por el paso del tiempo. Nunca”, remarcó. Calificó el caso como indefendible y sostuvo que constituye una vergüenza para el Senado. “Nos tratan a todos como si fuéramos ignorantes, cuando muchos hemos estudiado años para obtener un título”, expresó, en uno de los tramos más duros de su intervención.

Mayor bochorno cartista

También la senadora Celeste Amarilla criticó al senador Hernán Rivas, a quien acusó de protagonizar uno de los mayores “bochornos” dentro del movimiento Honor Colorado y del Partido Colorado en general.

Durante su intervención, Amarilla afirmó que, mientras se desarrollaban otros casos mediáticos, el legislador ya estaba negociando su salida judicial. “Mientras le sacábamos a Chaqueñito, David Rivas ya estaba transando su sobreseimiento”, expresó. Rivas fue sobreseído en el caso de su supuesto título falso de abogado, bajo el argumento de que la causa ya había prescrito.

La parlamentaria también cuestionó la formación académica de su colega, poniendo en duda incluso que cuente con título de bachiller, y lo contrastó con otros profesionales. “El bochorno más importante que está soportando Honor Colorado hoy es David Rivas, rodeado de gente que se ha quemado las pestañas para tener un título”, sostuvo.

Amarilla recordó la amenaza que recibió la fiscala Patricia Sánchez si apela la resolución del tribunal que salvó a Rivas. La senadora instó a revelar la identidad de quien la habría amedrentado. “Mi voz va a estar siempre para protegerle. Anímese a decir el nombre, muchas veces la verdad da seguridad”, manifestó.

“Prostitución judicial”

Por su parte, la senadora Yolanda Paredes centró sus críticas en el sistema judicial paraguayo, al que responsabilizó de sostener al senador Hernán Rivas en su banca, pese a las controversias sobre su título profesional y su actuación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“Quiero hacer hincapié en este sistema judicial vergonzoso que hoy nos sostiene a una persona como Hernán Rivas dentro de la Cámara de Senadores y no solamente eso, sino que está ratificando sus actuaciones dentro del Jurado”, expresó.

Afirmó que el funcionamiento actual de la Justicia le genera vergüenza y cuestionó duramente las condiciones en las que ejercen los profesionales del derecho. “No soy abogada de cartón, he recorrido tribunales de todo el país y hoy realmente me avergüenza este sistema. Estamos hablando de un submundo de delincuencia judicial disfrazada de Poder Judicial”, sostuvo.

Calificó la situación como una “prostitución judicial”, al considerar que existe una estructura que distorsiona el funcionamiento de las instituciones. La legisladora también dirigió sus cuestionamientos hacia la Fiscalía General del Estado, encabezada por Emiliano Rolón Fernández, cuya gestión tildó de lamentable. En ese contexto, apuntó directamente contra la funcionaria Soledad Machuca, a quien acusó de operar dentro del Ministerio Público para frenar investigaciones sensibles.

Según Paredes, Machuca sería “la persona encargada de cajonear todos aquellos casos en donde se vean envueltas autoridades políticas”, y afirmó que incluso habría tenido intervención en el caso de Rivas, permitiendo –según su versión– que transcurra el tiempo necesario para la prescripción de algunos hechos.

Con relación al Poder Judicial, cuestionó con dureza a los camaristas que intervinieron en el caso, especialmente al magistrado Delio Navarro, a quien acusó de actuar de manera irregular antes de acogerse a la jubilación. “Qué lindo hacer el negocio y retirarse”, ironizó, al tiempo de calificar su actuación como prevaricato.

Asimismo, criticó el argumento de la prescripción aplicado en el caso, al sostener que se trataría de hechos punibles continuos. “Un título falso no puede convertirse en verdadero por el paso del tiempo”, afirmó, coincidiendo con otros legisladores que cuestionaron el fallo.

Sobre la denuncia de amenazas realizada por la fiscala del caso, consideró que, al no haberse identificado al responsable, la acusación resulta irresponsable. “Si vamos a ser responsables, vamos a dar nombre y apellido”, manifestó, señalando que la falta de precisión genera sospechas generalizadas.

Habló también sobre el impacto institucional del caso y el precedente que podría dejar. “Estamos dejando un precedente nefasto para nuestra juventud y para los abogados que vienen detrás”, señaló, al tiempo de insistir en que el sistema judicial actual “denigra la Justicia paraguaya”.

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