El magistrado Osmar Legal, aseguró que las pruebas fueron dadas a conocer de manera lícita, respetando el orden procesal. Recientemente, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sostuvo que el juez “se inmiscuyó” en la investigación, mientras que Gustavo Cacavelos, representante legal del exdiputado Orlando Arévalo, afirmó que las pruebas carecen de validez.

En primer lugar, argumentó que el artículo 284 del Código Procesal Pena, le otorga la facultad de realizar la denuncia, mientras que el 284 lo obliga a realizarla, en caso de encontrarse en conocimiento de un hecho punible.
Según legal, comunicó el hecho al Ministerio Público, con el objetivo de darle el estándar de apertura de causa. Tras este hecho, indicó que la Fiscalía es la encargada de “ahondar en los extremos” e investigar todas las pruebas disponibles.
Con respecto a la obtención de las evidencia, enfatizó que el teléfono fue incautado con orden judicial, que tuvo una trazabilidad y que una vez que pudo revisar el contenido, realizó el aviso de manera inmediata, con el fin de evitar una posible eliminación remota de la información. “Esos datos se podían perder”, aseguró Legal.
Finalmente, descartó que la revelación de los chats haya sido direccionada, alegando que “decidimos comunicar unos hechos y decirle al Ministerio Público que ellos son los que tienen que investigar. Mostramos algunos hechos para aperturar la causa”.