Venta de cargos en IPS: Abogada dice que sustracción de archivos no afectará investigación

15/01/2024 14:53

La abogada Alicia Olazar, de la Dirección de Asuntos Penales del Instituto de Previsión Social (IPS), afirmó que tienen la venia total para llegar al fondo de toda la estructura que ofrecía cargos dentro de la previsional a cambio de dinero.



Alicia Olazar, de la Dirección de Asuntos Penales del Instituto de Previsión Social (IPS), conversó con radio Monumental 1080 AM sobre la sustracción de archivos de una computadora y la desaparición de un legajo que contenían denuncias recepcionadas por Control Interno de la Gerencia de Salud.

La abogada afirmó que las pruebas y los antecedentes de las denuncias que dieron origen a toda esta investigación sobre la venta de cargos ya están en la carpeta fiscal.

Es decir que no hay riesgo de entorpecer la investigación, ya que todas las evidencias, denuncias y testimonios ya están documentados en el Ministerio Público.

En relación con los elementos sustraídos, Olazar indicó que, aparentemente, eran denuncias que se realizaron en setiembre, pero desconoce si guardan relación con esta causa.

No obstante, indicó que el área de Informática de IPS está trabajando y aseguró que esos archivos se podrán recuperar. Además, adelantó que hay muchos otros funcionarios involucrados que están siendo investigados por la rosca que ofrecía cargos en el previsional.

“Como Dirección Jurídica nosotros tenemos la venia total del presidente de la previsional, Jorge Brítez, para llegar al fondo de la cuestión, sea quien sea el responsable y en eso estamos trabajando”, expresó tajante.

Hace unos días, se descubrió toda la estructura que se montó para ofrecer cargos dentro de la previsional a cambio de dinero.

En este caso, la abogada Fátima Patricia Agüero Stelhik, José Manuel Agüero Stelhik y María Luján Aguilera Chaparro fueron imputados por estafa y asociación criminal, mientras que Jorge Aquino Riveros por asociación criminal.

Otro detenido fue identificado como Eduvigis Espínola, cuya vivienda también fue allanada.

Una de las víctimas incluso había solicitado un crédito para poder pagar G. 9.000.000 o G. 1.000.000, monto que le estaban pidiendo para hacerle un contrato. Mientras que a otra víctima le solicitaron G. 15.000.000 y que también ya había abonado.