Mimbi, Cevima, Potí y Clean & Clean Paraguay aparecen detrás del contrato que supera los G. 87.500 millones para el servicio de limpieza e higienización de hospitales del interior del país.

El Instituto de Previsión Social (IPS) lleva adelante una licitación para la contratación del servicio de “limpieza e higienización para las distintas dependencias del interior”, con un presupuesto que supera los G. 87.500 millones. El proceso ya tuvo la apertura de ofertas el pasado viernes 28 de agosto y, nuevamente, aparecen empresas que habitualmente participan y resultan adjudicadas en millonarios llamados del ente previsional.
Uno de los interesados en el millonario contrato es el “Consorcio Salud”, integrado por María Carolina Molas Samudio y Laya Construcciones SA, representada por María Elena Moreno.
El “Consorcio Prohospital” está integrado por Limpiezas Modernas Paraguayas SRL, de Rubén Antonio Escobar; María Carolina Molas Samudio; Mimbi SA, de José Manuel González González, y Servicios Paraguayos SA, de Berta Ortellado.
A su vez, el “Consorcio Bio Eco Plus” la integran; Cevima SA de Génesis María del Mar Torres Sánchez (anteriormente representada por Claudio Alberto Escobar Brizuela), Servinteg SA, de Mauricio Cáceres y Clean & Clean Paraguay de Laislao Afara. Potî SA de Carlos Palumbo Chamorro, también es otra empresa interesada.
Pago incompleto
Los funcionarios de las empresas tercerizadas de limpieza denuncian constantemente presuntos incumplimientos en los pagos establecidos en sus contratos. Uno de los casos más sonados ocurrió meses atrás en la sede del IPS de Caaguazú, donde una trabajadora denunció ante el entonces titular de la previsional, Isaías Fretes, que mientras en su contrato figuraba un salario de G. 3.500.000, en realidad percibía apenas G. 1.700.000. Tras realizar la denuncia, la trabajadora fue despedida de forma inmediata.
Los últimos contratos del ente previsional con empresas tercerizadas establecen pagos por trabajador de entre G. 5,6 millones y G. 9,5 millones mensuales. Sin embargo, empleados denunciaron que reciben montos inferiores al salario mínimo legal, que desde el 1 de julio asciende a G. 3.044.000.