Atome escala el conflicto y amenaza a Paraguay con la mayor demanda arbitral jamás iniciada contra el Estado

Atome activó el Tratado Bilateral de Inversión con el Reino Unido tras la derogación de los decretos que respaldaban su proyecto de US$665 millones en Villeta. El reclamo podría ser una de las mayores demandas jamás iniciadas contra el Estado paraguayo.

La empresa británica Atome PLC, desarrolladora de fertilizantes de bajas emisiones de carbono, notificó este jueves a la República del Paraguay un Aviso de Controversia e Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje, en virtud del Tratado Bilateral de Inversión entre el Reino Unido y Paraguay (TBI). El paso fue formalizado a través del estudio jurídico internacional White & Case LLP y se enmarca en la disputa por el Proyecto Villeta, que la compañía describe como la mayor inversión industrial extranjera individual en la historia del país, por un total de US$665 millones.

Según el comunicado difundido por Atome, la empresa continúa manteniendo conversaciones sobre el proyecto, que está «listo para iniciar su ejecución». Sin embargo, la compañía —que cotiza en la bolsa AIM de Londres— sostuvo que, como empresa pública, tiene responsabilidades frente a sus accionistas y obligaciones de proteger sus derechos legítimos.

Qué reclama Atome

De acuerdo con el comunicado, el Proyecto Villeta fue desarrollado durante varios años sobre la base de un marco regulatorio formal, con medidas específicas adoptadas por el Gobierno paraguayo y garantías institucionales sobre las cuales, según la empresa, se comprometieron capital y recursos significativos. Atome afirma que, a partir de ese marco, levantó fondos de inversores, obtuvo compromisos vinculantes de financiamiento de instituciones financieras internacionales, incurrió en gastos de desarrollo y asumió compromisos contractuales para avanzar con el proyecto.

La empresa sostiene que la posterior derogación de los decretos que sustentaban ese marco eliminó un elemento que —según su versión— era esencial para la viabilidad económica y financiera del proyecto, y puso en riesgo tanto el capital ya invertido como los compromisos asumidos con sus financiadores.

El Aviso de Controversia sostiene que existe una disputa de inversión como consecuencia de actos y omisiones de Paraguay en violación del TBI, entre ellos la revocación de los decretos del Poder Ejecutivo que respaldaban el proyecto y que, de acuerdo con Atome, otorgaban certeza sobre el plazo y el precio del Contrato de Compraventa de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) pactado con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La magnitud del reclamo

En la preparación del Aviso, la magnitud de la reclamación fue evaluada de forma independiente por un experto en daños de «reconocido prestigio internacional» —según la definición de la propia empresa— como «muy sustancial», es decir, en el orden de los cientos de millones de dólares estadounidenses. De presentarse formalmente, la demanda constituiría, según Atome, una de las mayores reclamaciones —si no la mayor— jamás iniciadas contra el Estado paraguayo en virtud de un tratado bilateral de inversión.

Es importante remarcar que esa cifra corresponde, hasta el momento, a una estimación encargada por la propia Atome, y que el Aviso de Controversia no constituye en esta etapa el inicio formal de un arbitraje.

Qué establece el Tratado y los próximos pasos

Conforme al TBI entre el Reino Unido y Paraguay, el Aviso abre un período formal de consultas. Si la controversia no se resuelve dentro de un plazo de tres meses —es decir, si no se alcanza una solución viable entre las partes—, Atome podría proseguir su reclamación contra Paraguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington D.C.

La compañía remarcó en su comunicado que su «clara preferencia» sigue siendo alcanzar una solución amistosa que permita avanzar con la construcción de Villeta y evitar así un arbitraje. El Aviso, según Atome, insta al Estado paraguayo a entablar conversaciones para resolver el asunto por esa vía.

El Gobierno del Reino Unido fue informado de la presentación, al igual que las embajadas de la Unión Europea, Francia, Alemania y Estados Unidos en Paraguay, y la Embajada de Paraguay en Londres. Hasta el cierre de esta nota, no se registró una respuesta oficial del Gobierno paraguayo al Aviso de Controversia.

El contexto: el contrato de energía que ya generaba polémica

El Proyecto Villeta no llegaba a este punto sin antecedentes. Meses antes de este Aviso de Controversia, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE) había denunciado públicamente el contrato de energía que la estatal eléctrica mantenía en negociación con Atome, por el cual la ANDE le vendería energía a razón de US$30 por megavatio para abastecer al proyecto de Villeta.

Según el secretario general de SITRANDE, Adolfo Villalba, existía en paralelo una oferta de otra empresa —Imperium, representada por Aníbal Lovera— dispuesta a pagar hasta US$70 por megavatio, con un adelanto de pago de cinco años, lo que representaría unos US$174 millones anuales para la ANDE por un período inicial de cinco años. Villalba llegó a afirmar que, de confirmarse esa comparación, «casi se le estaba extorsionando a la ANDE» para que firmara con Atome a un precio menor.

Ese debate se dio en el marco de la Mesa Energética Nacional, convocada por el presidente Santiago Peña con la participación de ministros, autoridades de la ANDE, gremios y especialistas del sector, para definir la política energética del país en los próximos años, incluida la eventual creación de un Ministerio de Minas y Energía y un ente regulador del sector eléctrico.

Fue en ese mismo contexto en el que el mandatario explicó la decisión de derogar los decretos que respaldaban a industrias convergentes: «Tomamos la decisión de derogar esos decretos […] Nosotros estamos hablando de la generación de energía. Nosotros hoy estamos avanzando en eso», señaló Peña, quien remarcó que la generación y el uso de la energía son asuntos distintos.

La demanda eléctrica en alza

El trasfondo energético del caso incluye además un dato relevante: la demanda eléctrica de Paraguay creció 18% entre enero y julio de este año, impulsada principalmente por industrias electrointensivas y por la criptominería, según había advertido el exgerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres. Esos dos rubros demandan ya unos 1.300 megavatios, una potencia equivalente a casi dos turbinas de Itaipú, mientras el consumo residencial se mantiene relativamente estable.

La propia ANDE ha reconocido que, de no incorporarse nuevas fuentes de generación —solar, baterías, pequeñas centrales hidroeléctricas o nuevos acuerdos—, el sistema eléctrico paraguayo podría enfrentar un escenario crítico hacia 2030.

Quiénes respaldan financieramente a Villeta

Según el comunicado de Atome, el Proyecto Villeta contaba, previo a esta controversia, con compromisos vinculantes de financiamiento de un conjunto de bancos multilaterales de desarrollo e inversores internacionales: IDB Invest (brazo de financiamiento al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo), la Corporación Financiera Internacional (IFC, del Grupo Banco Mundial), el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Verde para el Clima (administrado por el Banco Mundial), la Corporación Alemana de Inversión (DEG, filial de KfW), Impact Fund Denmark y Hy24, descrito como el mayor gestor de activos de capital privado especializado en hidrógeno del mundo.

De completarse en los términos originalmente previstos, el proyecto —según Atome— convertiría a Paraguay en un líder mundial en la producción de fertilizantes verdes y en la industria de fertilizantes de América del Sur, generando alrededor de 4.000 empleos durante la construcción y más de 1.000 empleos durante la etapa de operación, además de aportes al PBI y a la economía nacional.

Atome, que cotiza en el mercado AIM de Londres, cuenta entre sus principales accionistas e inversores a Schroders (Reino Unido), Baker Hughes (Estados Unidos) y Casale (Suiza).

Qué dice la empresa sobre el resto de sus proyectos

La compañía remarcó que mantendrá informado al mercado «en todo momento relevante» y que, mientras tanto, todos sus demás proyectos —que según su perfil institucional incluyen una cartera en toda América Latina— continúan sin verse afectados por esta controversia con Paraguay.

En mayo de 2026, Atome había declarado incondicional la Decisión Final de Inversión de Villeta, tras completar el financiamiento del proyecto por US$665 millones, respaldado por instituciones financieras internacionales de desarrollo de primer nivel e inversores privados.

La derogación de los decretos que encendió la mecha

El Proyecto Villeta se sostenía sobre un marco regulatorio construido a partir de decretos del Poder Ejecutivo que, según Atome, le daban certeza sobre el plazo y el precio del Contrato de Compraventa de Energía (PPA) pactado con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Sobre esa base, la empresa dice haber levantado fondos, comprometido financiamiento internacional y asumido obligaciones contractuales para avanzar con la construcción.

Esos decretos formaban parte de un paquete de medidas orientadas a industrias consideradas «convergentes» —entre ellas, proyectos de gran consumo energético como Villeta—, que el Gobierno había impulsado en los últimos años como incentivo para atraer inversión industrial de gran escala.

La derogación se dio en medio de un reordenamiento más amplio de la política energética nacional. El propio presidente Santiago Peña explicó, en el marco de la Mesa Energética Nacional convocada semanas atrás, los motivos detrás de la medida: «Tomamos la decisión de derogar esos decretos […] Nosotros estamos hablando de la generación de energía. Nosotros hoy estamos avanzando en eso», señaló, remarcando que la generación y el uso de la energía son asuntos distintos que requieren tratamiento diferenciado.

Ese giro coincidió con un cuestionamiento interno al contrato específico de Villeta. El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE) había denunciado que la estatal eléctrica negociaba con Atome una tarifa de US$30 por megavatio, mientras existía —según el sindicato— una oferta paralela de la firma Imperium dispuesta a pagar hasta US$70 por megavatio. Esa disparidad alimentó el debate público sobre si el esquema que sostenía a Villeta era, en los términos planteados entonces, el más conveniente para el país.

En ese cruce de decisiones de política energética y cuestionamientos sobre el contrato original es donde Atome ubica el origen de la controversia que ahora, con la notificación de este 17 de septiembre, empieza a transitar la vía formal prevista en el Tratado Bilateral de Inversión.

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