Especialistas sostienen que la adjudicación de la licencia 5G a Nubicom, vinculada al Grupo Vázquez, debe ser revocada y sometida a una nueva licitación. Además, consideran que el proceso debe permitir una recaudación muy superior a los USD 4 millones obtenidos hasta ahora.

Juan Carlos Duarte Duré, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), junto con los miembros titulares y suplentes de su directorio, Manuel Machuca Manevy, Andrés Isabelino Arrúa Rodríguez, Evert José Ezquivel Meza, Nery Filemón González Andino, Julio Ariel Cáceres Vega y Víctor Antonio Martínez Sánchez, hicieron caso omiso al pedido del presidente de la República, Pedro Alliana, de poner sus cargos a disposición. El mantenimiento de estas autoridades representa un costo aproximado de G. 2.400 millones anuales para el Estado.
Son numerosos los cuestionamientos que pesan sobre estas autoridades y que podrían justificar su salida, pero hasta ahora continúan en sus funciones como si nada hubiera ocurrido. Durante su gestión respaldaron la cuestionada adjudicación a Nubicom, empresa que, según las denuncias, no reunía los requisitos mínimos para acceder a la licencia y estaba vinculada al Grupo Vázquez. A esto se suma que el titular de Conatel habría ordenado retirar G. 70.000 millones depositados en otras entidades bancarias para trasladarlos a Ueno Bank en octubre, apenas semanas antes de la caída de la entidad.
Bajo la administración de Juan Carlos Duarte, Conatel mantuvo una postura de marcada flexibilidad hacia Nubicom para que obtuviera la adjudicación del servicio 5G, que hasta ahora nunca llegó a brindar el servicio. Uno de los aspectos más llamativos es la diferencia en la recaudación: mientras que por la licencia 4G ingresaron USD 180 millones a las arcas del Estado, el proceso para el 5G apenas generó USD 4 millones.
Especialistas del sector tecnológico y técnicos de la propia Conatel, que solicitaron mantener sus identidades en reserva por temor a represalias, coincidieron en que corresponde realizar una nueva licitación y revocar la adjudicación a Nubicom. Sostienen que la empresa prácticamente dejó de operar tras el desmantelamiento de la estructura del Grupo Vázquez, que le habría inyectado millonarios recursos provenientes de Ueno Bank, actualmente en proceso de resolución.
“Cancelando la licencia a Nubicom mínimamente se podría recauda unos US$ 80 millones. Yo tengo la información que hay empresarios mexicanos interesados en prestar 5G en Paraguay porque es un negocio muy interesante. Por supuesto que las telefónicas que hoy operan no van a estar de acuerdo”, expresó uno de los técnicos consultados.
Agregó que, para avanzar con un nuevo proceso, primero se debe renovar la totalidad del directorio de Conatel y posteriormente elaborar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones (PBC).