La jueza Rosarito Montanía presentó una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto desacato judicial cometido por el Ministerio de Justicia, a raíz del traslado de Gloria Rotela, hermana de Javier Rotela, desde el Centro Penitenciario Serafina Dávalos, de Coronel Oviedo, hasta el Centro Penitenciario para Mujeres (COMPLE) de Emboscada.

Montanía manifestó que esta decisión administrativa contradice una disposición judicial y genera un escenario de confrontación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. A su criterio, esta situación “daña gravemente al sistema” y pone en duda la coordinación institucional. “Si dicen tener desconfianza, ¿en qué se basan para afirmar que nosotros sí confiamos en su gestión?”, cuestionó.
La magistrada también señaló que no observa motivos jurídicamente válidos para justificar el traslado, insinuando que la medida podría haberse tomado sin fundamentos legales claros. “No sé si es una casualidad o causalidad, pero no existen razones jurídicas que sustenten esa decisión”, afirmó.
Además, criticó los privilegios existentes en algunos centros penitenciarios, calificando de “injusta” la existencia de celdas con mayores comodidades. Sostuvo que cualquier beneficio debe ser igualitario para todos los privados de libertad. “Si a cierto sector le estás dando una cosa, eso es privilegio; y al otro sector, que más necesita atención del Estado, lo estás dejando en total indefensión”, expresó.
Por su parte, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, respondió a las declaraciones de la jueza, señalando que el traslado de Gloria Rotela se realizó en el marco de una reorganización penitenciaria. Explicó que el penal de Serafina Dávalos fue destinado exclusivamente a mujeres con hijos, embarazadas o con enfermedades graves, motivo por el cual las demás reclusas fueron trasladadas al COMPLE.
En cuanto a las críticas de la magistrada, Maciel sostuvo que “la orden judicial debe tener cierta razonabilidad” y defendió la resolución adoptada por la cartera de Justicia. Mientras tanto, la denuncia presentada por la jueza Montanía deberá ser evaluada por el Ministerio Público para determinar si efectivamente existió desacato por parte de las autoridades administrativas.