Gremios docentes del departamento de Amambay confirmaron su adhesión a la jornada de protesta nacional prevista para el próximo jueves 5 de febrero. La medida de fuerza surge como respuesta a la convocatoria de una sesión extraordinaria en el Congreso para tratar la reforma de la Caja Fiscal, omitiendo la mesa técnica de diálogo que había sido acordada previamente con los sectores afectados.

En entrevista para Urundey FM, el licenciado Elvis Pessoa, representante sindical de la zona, explicó que el sector docente exige una reforma integral y no soluciones temporales. El principal punto de conflicto radica en el aporte patronal: los docentes aportan actualmente el 16% de su salario, mientras que el Estado, como empleador, aporta el 0%.
"El Gobierno propone un aporte patronal de apenas el 3%, lo cual es insuficiente. Nosotros pedimos un 14% para sostener la caja en el tiempo, tal como ocurre en países vecinos donde el Estado respalda a sus trabajadores", señaló Pessoa.
La propuesta gubernamental también contempla elevar la edad mínima para jubilarse, situándola en 57 años para la extraordinaria y 62 años para la ordinaria. Según los sindicatos, esto no contempla el desgaste físico y mental del trabajador de la educación. Asimismo, denunciaron el intento de eliminar beneficios históricos, como el año de aporte adicional por cada hijo (hasta tres hijos) para las docentes.
Pessoa calificó de "indignante" la disparidad con el sector político: "Senadores y diputados se jubilan a los 10 años con montos millonarios subsidiados por el Estado, mientras que a los docentes, que sostienen la educación, se les exige trabajar más años y con menos beneficios".
Aunque el lugar exacto de la concentración está por definirse entre la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la Unión Nacional de Educadores (UNE), se barajan como opciones la plaza Pedro Juan Caballero o la intersección de Fernando de la Mora (frente a la Chipería Santa Teresa).
Finalmente, los gremialistas advirtieron que el inicio del calendario escolar podría verse comprometido si el Gobierno no abre los canales de debate necesarios y persiste en aprobar la reforma sin el consenso de la coordinadora multisectorial.
Foto: Archivo
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