Estados Unidos inicia una campaña para acabar con la CPI

“Amenza intolerable”. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la ofensiva contra el ente

WASHINGTON

Estados Unidos anunció el lunes el lanzamiento de una amplia campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó de “librar una guerra” contra Washington y de representar “una amenaza intolerable” contra los estadounidenses, y advirtió de nuevas sanciones. Creada en 2002, la CPI procesa a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

“La CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en X.

“El peligro que representa este tribunal internacional no ha dejado de crecer. Hoy amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y jurídico”, prosiguió.

Rubio subrayó que “si nos quedamos de brazos cruzados, todos estaremos a merced de jueces extranjeros situados a miles de kilómetros de aquí, expuestos al riesgo constante de ser procesados, e incluso encarcelados, por el supuesto crimen de haber defendido su propio país”.

En una columna de opinión publicada este mismo lunes en el diario The Wall Street Journal, aseguró que la Corte está “respaldada y dirigida por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo unidos por su enemistad hacia Estados Unidos”.

El Departamento de Estado dijo que la campaña “deshabilitará de manera sistemática la capacidad de la CPI para operar, apuntar contra militares o funcionarios estadounidenses o amenazar de cualquier otra forma la soberanía estadounidense”.

PRESIÓN DIPLOMÁTICA. Entre las medidas que evalúa contra el tribunal están que diplomáticos estadounidenses llamen a otros países para instarlos a retirarse del organismo, así como prohibiciones de viaje y sanciones contra funcionarios de la CPI.

Las relaciones entre el gobierno de Donald Trump y la CPI, con sede en La Haya, son hostiles y varios magistrados de la Corte, entre ellos el fiscal general, actualmente suspendido y bajo investigación por supuesta conducta sexual inapropiada, ya son objeto de sanciones estadounidenses.

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