Fiscalía sale a cazar a responsables de títulos falsos en la función pública

El Ministerio Público conformó un equipo especial de fiscales para depurar e investigar un listado preliminar de 1.090 títulos sospechosos remitido por la Contraloría General de la República. El fiscal Francisco Cabrera advirtió que la pesquisa abarca delitos como estafa, producción de documentos no auténticos y uso de certificados falsos.

Ante la magnitud de las irregularidades en los registros de profesionalización de miles de funcionarios estatales, el Ministerio Público puso en marcha una causa penal masiva para determinar responsabilidades en la presentación de supuestos títulos académicos falsos en la administración pública.

En diálogo con el canal GEN, el fiscal Francisco Cabrera explicó que la investigación se originó a partir del informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR), el cual identificó de forma preliminar unos 1.090 títulos que no cuentan con correspondencia ni sustento en los registros institucionales.

Para abordar el volumen de casos, la Fiscalía designó un equipo de trabajo integrado por tres agentes fiscales. Pese al flujo inicial de sospechas, Cabrera aclaró que el listado se encuentra en un proceso de depuración técnica tras las carpetas presentadas por los propios involucrados.

 

“Tuvimos reuniones con los funcionarios de la Contraloría que redactaron los informes. Por el impacto que generó la denuncia, varias instituciones fueron corroborando los datos y ahora estamos en una suerte de depuración que duraría aproximadamente una semana para tener el número definitivo con las irregularidades confirmadas”, indicó el agente fiscal.

Cabrera detalló que casi el 90% de las instituciones públicas afectadas en el reporte inicial corresponden al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), seguidas por diversas municipalidades del país y un bloque de aproximadamente 35 universidades privadas y públicas.

La hipótesis inicial del Ministerio Público apunta a situaciones donde las carreras no existían o donde los funcionarios figuraban como egresados sin haber concurrido ni cursado la carrera en las casas de estudio declaradas. No obstante, el fiscal aclaró que en algunos casos se detectaron meros errores materiales o de carga en los registros internos de talento humano de los entes estatales.

Consultado sobre las eventuales consecuencias legales para los implicados, el fiscal precisó que la causa se analizará de forma individualizada para medir el impacto jurídico y patrimonial generado en el Estado.

“Podríamos estar hablando de una concurrencia de varios hechos punibles: estafa, producción de documentos no auténticos y uso de certificados de méritos falsos. Habrá que analizar caso por caso si la persona utilizó el título para acceder al cargo, si cobró una bonificación extra o si solo lo incluyó para engrosar su currículum; igualmente constituye un hecho punible”, enfatizó Cabrera.

Asimismo, la Fiscalía indagará a las autoridades o instituciones académicas que hayan producido o firmado certificaciones de contenido falso para dar los títulos irregulares.

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