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Italia restringe la ciudadanía por ius sanguinis: se acaba el sueño para descendientes de bisabuelos
22/05/2025 07:47
El gobierno italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, promulgó esta semana una nueva ley que pone fin a la posibilidad de obtener la ciudadanía italiana a través de bisabuelos, frustrando las esperanzas de miles de descendientes que ya habían iniciado costosos trámites para reclamar su nacionalidad.
La medida, introducida en marzo mediante el Decreto-Ley No. 36/2025 y ratificada el pasado martes, limita el acceso a la ciudadanía por ius sanguinis (derecho de sangre) exclusivamente a aquellos cuyos padres o abuelos hayan nacido en Italia.
Según el Ministerio del Interior, se estima que 80 millones de personas en todo el mundo son de ascendencia italiana, muchas de las cuales, especialmente en países como Argentina, Brasil y Estados Unidos, buscaron la ciudadanía italiana en los últimos años.
Para aquellos que dependían de la conexión con sus bisabuelos, esta reforma representa un duro golpe, ya que han invertido tiempo y dinero en recopilar, traducir y certificar documentos necesarios para el proceso.
El decreto, firmado por Meloni, el ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani y el presidente Sergio Mattarella, responde a lo que el gobierno califica como «abusos» en las solicitudes de ciudadanía, argumentando que muchas personas buscaban el pasaporte italiano sin vínculos culturales o lingüísticos con el país. Tajani afirmó: «Ser ciudadano italiano es algo serio. No puede ser automático para quienes tienen un ancestro que emigró hace siglos».
Bajo las nuevas reglas, los descendientes de bisabuelos italianos ya no podrán reclamar la ciudadanía automáticamente. Ahora, la única vía para obtenerla es mudarse a Italia y solicitar la residencia, un proceso que se ha complicado debido al endurecimiento de las normativas de visado para ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea bajo la administración de Meloni.
La ley también introduce cambios administrativos: las solicitudes de ciudadanía ya no serán procesadas por consulados, sino por una oficina centralizada en Roma, y los solicitantes deberán asistir a entrevistas presenciales en Italia. Además, se exige a los ciudadanos con doble nacionalidad mantener un «vínculo real» con el país, como renovar pasaportes, pagar impuestos o votar, para conservar su estatus.
La reforma generó controversia, especialmente entre las comunidades de la diáspora italiana en América Latina y Estados Unidos. Muchos denuncian la falta de un período de transición y cuestionan la constitucionalidad del decreto, que podría enfrentarse a desafíos legales en los próximos meses.
