Los magistrados, fiscales, defensores públicos, a los que también se sumaron los actuarios, realizaron esta mañana un paro simbólico de actividades en protesta por el tratamiento inconsulto de la ley de reforma de la Caja Fiscal. Esperan respuesta al pedido de suspensión del tratamiento del proyecto en Diputados. Habría jubilación masiva.

Los funcionarios judiciales señalan que no están en contra de la reforma de la Caja Fiscal, pero reclaman que se realice un profundo estudio de la cuestión y que la medida alcance a todos los sectores, y no solo a los magistrados, maestros, policías y militares.
El paro simbólico también se realizó en todas las circunscripciones judiciales del país, según informaron los presidentes de los gremios, Daniel Cohene, de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), y Delio Vera, de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP).
Entre los magistrados estuvieron también camaristas y jueces de primera instancia, así como agentes fiscales, defensores públicos y actuarios judiciales, que realizaron su protesta en la explanada del Poder Judicial.
El juez Carlos Hermosilla actuó como vocero. Explicó que ellos están preocupados por el tratamiento que recibieron los miembros de la familia judicial, ya que la ley va a marcar el destino no solo de los jubilados, sino también de los activos.
Asimismo, dijo que la ley introduce las modificaciones del decreto ley del año 1954, por el que los magistrados se jubilaban. A raíz de eso, explicó que enviaron notas al senador Colim Soroka, presidente de la Comisión Permanente, y al presidente de Diputados, Raúl Latorre, donde piden la postergación del tratamiento de mañana.
Hermosilla apuntó que se sienten excluidos. Aclaró que no están en contra, pero que debe hacerse un gran debate entre todos los operadores del sistema de Justicia que van a ser afectados.
Asimismo, indicó que desean conocer de qué manera se llegó a un déficit de unos USD 368 millones y advirtió que, de no revertirse la situación, existe el riesgo de que la Caja Fiscal entre en default, lo que pondría en peligro las jubilaciones y los propios salarios.

Paro. Magistrados, fiscales y defensores, a más de actuarios estuvieron esta mañana.
Foto. Rodrigo Villamayor.
Se preguntan cómo se llegó a esta situación si es responsabilidad de los administradores actuales o anteriores, ya que los servidores aportaban mes a mes. También comprender los incidentes del Poder Judicial en este déficit.
Hermosilla indicó que –según los números del Ministerio de Economía– la incidencia de la familia judicial era de 1,3%, lo que era un nivel ínfimo frente a otros grupos laborales, que desde hace años son deficitarios. “Exigimos tratamiento igualitario entre los iguales. Nos dan tratamiento igualitario entre desiguales”, afirmó.
Remarcó que exigen entender la situación, y que es fundamental un gran debate para lograr una Caja Fiscal sana, no en una ley parche que deberá ser modificada de nuevo en algunos años.
Refirió que confiaban en el tino político del diputado Raúl Latorre y del senador Colim Soroka. De no suspenderse la sesión de Diputados, “vamos a constituirnos mañana a las 08:30, para entrevistarnos con las autoridades y solicitar el tratamiento del problema de la Caja Fiscal”.
Aseguró que necesitaban una solución de fondo. Alegó que no importaba que trabajaran más, o que aportarán más, pero que aportaran todos.
El camarista laboral Jorge Barboza señaló que con un grupo de economistas están estudiando la presentación de un proyecto serio que garantiza que la Caja Fiscal siga funcionando y que el déficit sea reducido.
Además, indicó que, de aprobarse el proyecto del Ejecutivo, el perjuicio sería enorme. Señaló que actualmente unos 200 magistrados ya cuentan con resolución de jubilación y que otros 200 están en proceso de presentarla, lo que representa casi el 40% de los 1.056 magistrados, quienes optarían por jubilarse ante el temor de pasar años reclamando.
Acotó que, si se va a modificar la ley, debe hacerse mediante el diálogo. Asimismo, afirmó que hasta ahora el Ministerio de Economía se limitaba a administrar los aportes y que, recién con el proyecto, el Estado comenzaría a realizar aportes directos.