Luis Bello podría ser imputado por incumplimiento de indemnización a trabajador

El intendente de Asunción, Luis Bello, podría ser imputado por desacato judicial e incumplimiento de indemnización de un trabajador despedido injustificadamente en el 2017.

El intendente de Asunción, Luis Bello, podría ser imputado debido a un juicio de incumplimiento de pago de indemnización del trabajador municipal Victorino Soto Mendoza, quien fue despedido de forma injusta. La causa empezó en el año 2017, pero los pagos correspondientes nunca se realizaron.

El abogado del afectado, Raúl Mongelós, mencionó que se ha reiterado en varias ocasiones el oficio y que el Municipio no ha contestado.

“El intendente no ha pagado hasta la fecha la indemnización correspondiente y por eso, el juez de la causa remite los antecedentes al Juzgado Penal para que se inicie el proceso por imputación”, confirmó el abogado a Última Hora.

Mongelós explicó que el inicio de los trámites para la imputación del jefe comunal se realiza por desacato judicial e incumplimiento de lo requerido mediante oficio de fecha 7 de febrero de 2025, que fue recepcionado por la Comuna el 28 de febrero de 2025.

“Este es un juicio que ha comenzado en el 2017, un trabajador municipal que fue despedido en forma injusta. La demanda se ganó y llegó a la Corte, inclusive determinó una jurisprudencia que los trabajadores contratados en forma continua tienen derecho a cobrar indemnización y están bajo el régimen del derecho laboral. En reiteradas ocasiones se ha remitido oficio al intendente anterior y al intendente actual para que pongan en el presupuesto posterior al año que se le envía”, refirió.

Seguidamente explicó que hay una ley de administración financiera que se dictó hace unos años, la cual determina el procedimiento para cobrar al Estado, que determina que el Municipio debía figurar en el presupuesto del año posterior y que cuentan con tiempo de pagar entre enero y febrero del año posterior al oficio remitido. En caso de incumplimiento se procesa el desacato a una orden judicial.

“Se ha reiterado en varias ocasiones el oficio, la Municipalidad no ha contestado a los oficios, el intendente no ha pagado hasta la fecha la indemnización correspondiente y por eso el juez de la causa remite los antecedentes al Juzgado Penal, para que se inicie el proceso por imputación. La situación del intendente actual, el juez penal donde caiga la causa y el fiscal tendrán que impulsar para que sea imputado por este hecho”, explicó.

Agregó que esta es una situación que no solamente lo tiene este intendente, sino también algunos ministros.

“El tema es que a partir de esa Ley de Administración Financiera este Estado se ha vuelto totalitario en donde no se le pueden cobrar los honorarios y cae mucho en la posibilidad de corrupción porque prácticamente hay fiscales que no imputan por temor a presión política”, resaltó.

Mongelós sostuvo que la Ley N° 4711/2012 de Paraguay sanciona el desacato de una orden judicial castigando a quien incumpla una orden escrita dictada por una autoridad competente con penas de 6 meses a 2 años de prisión o multa. La sanción queda a criterio del juez, depende, entre otras elementos de la capacidad económica del imputado.

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