La sesión de esta mañana de la Corte Suprema de Justicia se tornó candente cuando el ministro Víctor Ríos acusó a su colega César Garay de tratar a los jueces del Chaco como ganado, ya que ellos deben confirmar su asistencia al despacho mediante el envío de su ubicación por GPS al Consejo de Administración de Presidente Hayes.

La discusión se dio cuando se trató la terna correspondiente al juzgado de Paz de Teniente Esteban Martínez, que se había suspendido la semana pasada.
El ministro Garay propuso para el cargo a la abogada Alma Palmira Rodas Soria (finalmente electa), con lo que no se iba a confirmar a su titular, el juez de Paz Proto Nelson López Arellano.
Había dicho que López Arellano tenía numerosas ausencias, no pagaba el peaje usando su cargo de juez, y estaba enjuiciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Su colega Gustavo Santander se opuso al pedido, y propuso la confirmación del magistrado de Paz. Alegó que consultó a los jueces, sobre la asistencia, ya que ellos tenían un sistema de control mediante el celular, donde debían enviar su ubicación por medio del celular a la entrada y la salida del despacho al Consejo de Superintendencia de Presidente Hayes, por lo que era fácil comprobar la situación.
Además, leyó la asistencia del juez Proto López que era fácil comprobar el sistema desde el 2019, total de ausencias cero, llegadas tardías, vacaciones usadas, cero. Luego leyó las nóminas del 2020, 2021 y 2022, donde no tuvo llegadas tardías ni ausencias, por lo que la primera causa no era suficiente.
Sobre el no pago de peaje, Santander dijo que el juez le arrimó las facturas de la Asociación Ruta Ñ, el pago de estas, en gran cantidad.
Respecto a la causa en el JEM de oficio por los dichos del intendente de Mayor Martínez, que no quiso tomar una denuncia, alegó que era una apertura de investigación preliminar del Jurado, porque el informe de la secretaría, y dijo que era una denuncia bastante dudosa.
Con ello, dijo que sostuvo que no tenía la entidad suficiente para separar a un juez de Paz, por lo que propuso su confirmación.
Sin embargo, lo más fuerte vino después. Luego de que el ministro Víctor Ríos se adhiriera a la propuesta de su par, Santander, alegó que suscribió plenamente lo señalado por su colega, dijo que no era magistrado de carrera, pero defendía la carrera judicial de cualquier persona.
Indicó que esperaba que la Ñ, de la ruta Ñ, “no sea de “Ñaña”, “Ñañaguirei japerjudicá nande rapichápe”, afirmó.
Decía que realmente debían definir lo que hacían como Corte y que la decisión estaba tomada, y que el ejercicio de la mayoría debía tener cierto vicio de legitimidad, ya que de lo contrario se destruían las bases del Estado social de derecho.
Refirió que leyendo lo que dice el juez que conversó con el intendente, que le dijo “yo no sé nada y me están presionando mucho y no sé de cuestiones jurídicas, y luego el JEM inicia de oficio la investigación”.
Además, también sobre la no recepción de la denuncia, dijo que era el secretario el que recibía y no el juez. Remarcó que si ese iba a ser el criterio de la Corte para no ratificar a un magistrado.
Sostuvo que cuando una persona aparecía con una denuncia y la nota del intendente que dice que eso era cierto, o si dependía del juez, si tenía prensa o de capital o Central, o si es del Chaco era otra cosa.
Indicó que no se podía depender del humor del superintendente de la zona. Indicó que en la nota del juez que iba a ser defenestrado ni siquiera tenía sanciones éticas.
“Todo el hecho en sí reúne todos los perfiles del asesinato de reputación. Un proceso sistemático de rumores, denuncias públicas, destruyendo buena imagen reputación para terminar luego cometiendo arbitrariedades”, acotó.
Después, también habló del sistema de control. “No sabía que hay un control de GPS. Los que controlan por GPS son los ganaderos. No podemos tratar a los jueces como ganado. Hay otros sistemas de control. Orwel cuando escribió la figura del gran hermano, estoy seguro de que no pensó que íbamos a instalar un GPS para seguir a magistrados por todos lados”.
Argumentó que eran magistrados y que justamente los criterios de seguimiento electrónico atacaban la dignidad. “Se dan cuenta de que usan el mismo método para controlar sus vacas, para controlar a un magistrado. Con ese criterio, nosotros tendríamos que andar con un chips para que controlen dónde estamos”, afirmó.
Dijo que los criterios de evaluación de los magistrados era bastante claro, y que iba a presentar un proyecto de acordada porque las superintendencias no podían seguir como compartimientos estancos.
Al final con voto de los ministros César Garay, César Diesel, Eugenio Jiménez, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón, con la oposición de Ríos y Santander, designaron a Alma Palmira Rodas Soria.