Incidentada licitación para la “Contratación de Servicio de Digitalización Certificada de Documentos”, por G. 17.000 millones; quedó suspendida por indicios de amaño.

Ñandutí accedió al documento donde muestra que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió una investigación de oficio ante denuncias de una presunta sobrefacturación de G. 7.000 millones en el proceso para Contratación de Servicio de Digitalización Certificada de Documentos, que pone bajo la lupa nuevamente la administración de Jorge Brítez.
El llamado además tiene casi 50 consultas y denuncias contra el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), por presunta exclusión en los requerimientos técnicos.
«El agotomiento total de las reservas de los fondos jubilatorios del IPS se prevé para el 2047, pero se ocupan de lucubrar una licitación con empresas sin antecedentes algunos, con el solo fin de dar el toque de gracia o los recursos económicos de asegurados, agudizando con total descaro el pésimo horizonte financiero del lPS, por ejemplo, pretendiendo adquirir un sistema o plataforma, sin código fuente, para gestionar documentos con un precio récord histórico de sobrefacturación que asciende a más de G. 7.000 millones, sin precedentes en la historio de las Contrataciones Públicas en Paraguay, por este tipo de sistemas documentales que profundiza el daño patrimonial”, agrega parte de la denuncia en el documento.
La DNCP designó a la abogada Jessyca Díaz Caballero como funcionaria responsable de la investigación tras la denuncia anónima.
Decenas de denuncias
En este llamado con ID 474335 también figura una importante cantidad de consultas y denuncias, principalmente contra el PBC y en específico contra los requerimientos técnicos, además de los pedidos de facturación.
“Solicitamos ajustar el porcentaje referente a contratos y/o facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente a 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos 6 meses”, dice una de las consultas.
En el PBC también requiere que el oferente debe contar con al menos “6.000.000 documentos digitalizados”, por lo que sería un factor excluyente, y solicitan reducir a por lo menos 4.500.000.
También hay cuestionamientos sobre la velocidad de la impresión que supuestamente fueron puestas para favorecer a una empresa, pero por el momento no se hizo la apertura de ofertas, por lo que desconoce las empresas interesadas.