La influencia política en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) hizo que varios casos terminen en polémicos fallos, algunos en abierta señal de persecución u obstrucción a la Justicia

Las recientes amenazas a fiscales, por un lado, “un senador” a la fiscala del caso Rivas para que no apele y, por otro lado, el del diputado Rodrigo Gamarra contra la fiscala del caso que salpica a la madre de un candidato cartista, levantaron nuevamente una alerta sobre la injerencia política en la Justicia.
A lo largo de la historia reciente se pueden enumerar varios casos en los que la política buscó obstruir o directamente incidir en la sanción tanto a magistrados y fiscales, a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El caso más representativo aparece en los primeros años de la década de 2000 y lo protagonizó el ex fiscal Alejandro Nissen, quien enfrentó al poder político de la época, encabezado entonces por el propio titular del Jurado, el fallecido ex legislador Óscar González Daher.
rosca política. La investigación del fiscal Alejandro Nissen de los “autos mau” involucró a las altas esferas de la política e hizo que, hace 23 años, el entonces fiscal sea destituido por una mayoría del JEM en un claro mensaje de amedrentamiento.
Nissen ganó en el 2024 una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con una indemnización que superó los USD 300 mil. caso Curuguaty. El actual fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, en su tiempo de juez, también fue víctima del JEM. En agosto de 2019, el Jurado resolvió apercibirlo, acusado por el Ministerio Público de supuestamente dejar sin efecto el fallo contra 11 campesinos que fueron procesados por la masacre de Curuguaty, en la que fallecieron 6 policías y 11 campesinos.
Caso López. En 2021, el designado significativamente corrupto por EEUU, en ese entonces titular del JEM, Jorge Bogarín Alfonso, junto al senador procesado por título falso, Hernán David Rivas, votaron por la destitución del posteriormente fallecido fiscal Jorge Eduardo López Lohman.
López había imputado al funcionario judicial Vicente Ferreira, quien respondía a Bogarín. Sus hijas iniciaron acciones ante la Corte IDH por la injusticia cometida. caso annp. El fiscal Luis Said fue denunciado por el senador Ramón Retamozo, por un caso vinculado a la ANNP. Said representaba investigaciones que contribuyeron en condenas a políticos y funcionarios corruptos, y terminó siendo apercibido.
Los audios filtrados que comprometieron a todo un enjambre político y judicial relacionado con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y sus fallos fueron la bomba que ocasionó un terremoto político en los últimos años de la pasada década y que puso tras las rejas al ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann.
El ex funcionario se había desempeñado como secretario del ex senador colorado fallecido Óscar González Daher y el caso de los audios filtrados hizo que ambos sean investigados por la Fiscalía, revelando todo un esquema de tráfico de influencias en el JEM.
Para el Ministerio Público, el ex secretario tenía ingresos legales por solo G. 20 millones, pero contaba con bienes que alcanzaban los G. 1.400 millones.
La Justicia lo condenó en 2023 a 7 años de prisión y recién en 2024, quedó firme dicho fallo.
OGD. Con la muerte del ex senador OGD, sus causas se extinguieron: Con el fallecimiento del ex senador colorado Óscar González Daher, sus dos causas judiciales se extinguieron, aunque siguen con respecto a los coprocesados, conforme señala la ley. OGD tenía dos procesos. Uno de los casos era por el caso conocido por los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y el otro por enriquecimiento ilícito.
En ambos fue condenado, pero los fallos no se hallan firmes. Con respecto al primer caso de los audios, Óscar González Daher fue condenado el 29 de diciembre del año pasado a 2 años de cárcel, con suspensión de la ejecución de la condena, y 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La otra causa era por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.