El pasado mes de julio, la Municipalidad firmó el contrato con la empresa Construcciones Gael, para la construcción de empedrado en la compañía Cerro Achón, sin embargo, dicha obra no se ejecuta y ya suman las denuncias en la fiscalía.

Una nueva denuncia se presentó contra la intendenta de Ybycuí, departamento de Paraguarí, María Cristina Servín Franco (ANR), en este caso porque se firmó un contrato para la “construcción de un pavimento tipo empedrado en la compañía Cerro Achón del distrito de Ybycuí», en julio del año pasado, que debía terminar en 120 días, pero ya pasaron 6 meses y la obra sigue sin concluir.
Uno de los concejales, Ezequiel Cáceres, agregó que además habrían inflado los precios. No hay obreros trabajando en el lugar, lo cual genera una impotencia en los pobladores que con cada lluvia no pueden salir de la zona.
Los detalles del documentos al cual accedió nuestro medio, muestran que la adjudicación fue por casi G. 240 millones y la empresa responsable de la construcción del empedrado, es “Construcciones Gael”, representada por Cristian Rafael Sotelo Estigarribia.
“La empresa contratista incumplió el contrato, ya que no ejecutó los cordones de hormigón prefabricado previstos ni los muros de contención que debían construirse cada 20 metros, existiendo únicamente uno al final del tramo”, explicó el edil a Ñanduti.
La información que manejan, pese a que desde la intendencia no quieren facilitar los documentos, es que ya se habría abonado el 100% del monto acordado en el contrato pero la obra apenas alcanzó el 50%.
Esta denuncia sobre este caso ya se presentó ante la Fiscalía y se encuentra Fiscalía zonal de Ybycuí a cargo del fiscal Óscar Fernández.
DENUNCIA POR CORRUPCIÓN
Esta no es la única denuncia que arrastra la jefa comunal, María Cristina Servín Franco. A mediados del años pasado, tres concejales presentaron una denuncia por una presunta malversación de fondos públicos superaría los G. 3.000 millones.
Los denunciantes afirman que, en algunas obras e inversiones realizadas por la comuna, no se habrían cumplido los procedimientos legales establecidos para los llamados a licitación, y que, supuestamente, tampoco se habrían comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).