Senador Iramain exige medición creíble del impacto de Hambre Cero a dos años de su implementación

El senador opositor Ignacio Iramain reconoció como un logro logístico el programa de alimentación escolar Hambre Cero, que llega actualmente a más de un millón de estudiantes. Sin embargo, advirtió que aún no existen datos suficientes para demostrar su impacto y como pediatra exigió incluir varios indicadores en la medición para no basarse solo en los números de contrataciones con las empresas proveedoras.

En el capítulo de homenajes, el senador Ignacio Iramain recordó que este miércoles se celebra el Día Nacional de Alimentación Escolar mediante el Decreto N° 4365 en conmemoración del programa Hambre Cero que cumple dos años de implementación.

No solo como legislador, sino también como pediatra, el opositor destacó como un logro logístico la alimentación de más de un millón de niños. Aunque considera que todo el trabajo se merece respeto, aclaró que su función es controlar.

En ese sentido, instaló las dudas sobre el impacto del programa que celebra el Gobierno y explicó que “una cosa es cuánto se reparte y otra distinta es qué cambio en la vida del niño”.

Cuestionó específicamente los datos oficiales sobre la permanencia escolar, señalando que el aumento de la retención del 77% al 94% compara cohortes que finalizaron sus estudios entre 2014 y 2024, cuando Hambre Cero recién comenzó a implementarse en agosto de 2024.

 

 

A su criterio, “10 años de mejora del sistema educativo no se le puede adjudicar a un programa de pocos meses”. Añadió que el propio informe del Ministerio de Economía y Finanzas reconoce que no existe una línea de base, grupo de control ni diseños metodológicos que permitan medir el impacto del programa.

El senador también citó estudios internacionales que indican que los efectos nutricionales de la alimentación escolar suelen tardar años para ser detectados."Es prematuro exigir resultados, pero por lo mismo es ilegítimo proclamarlos”, indicó.

Iramain cuestionó además el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (Sisvan) indicando que continúa en fase piloto en 197 escuelas y que aún no publica datos desagregados.

También mencionó observaciones de la Contraloría General de la República en más de 300 verificaciones del programa, entre ellas comedores improvisados, falta de utensilios, ausencia de sistemas de refrigeración y casos como el de Puerto Casado, donde los alimentos fueron entregados en bolsas de plástico, o escuelas de Ciudad del Este que carecían de cocina y comedor.

Comparó la situación paraguaya con la de Uruguay, cuyo sistema de alimentación escolar publicó resultados que “incomodan”, pero destacó que solo cuando se reconoce una falla, se puede rectificar.

Basándose en la experiencia uruguaya, el legislador propuso establecer indicadores objetivos para medir el desempeño del programa, entre ellos una línea de base con talla, peso, índice de masa corporal y perímetro de cintura; seguimiento de los estudiantes a los seis, doce y veinticuatro meses; medición de las porciones efectivamente servidas y consumidas; encuestas anónimas a estudiantes y familiares, además de evaluaciones externas con grupos de comparación.

A pesar de sus críticas, aclaró que no apunta a eliminar el programa, sino a fortalecer sus mecanismos de evaluación e institucionalidad.

“No pido que se desmantele ni mucho menos Hambre Cero, pido que se lo vuelva evaluable porque con la comida de los niños no se juega ni con sus datos tampoco, pero para eso se requiere institucionalidad, los países limítrofes que tuvieron éxito en el programa de alimentación escolar, lo han hecho a través del Ministerio de Educación con entes autárquicos, con personal capacitado, formado, profesionalizado, independiente del factor político y eso hace que sea mucho más medible, cuantificable y preciso cualquier resultado”, agregó.

Así también, reiteró su posicionamiento a favor de que el programa administre el Gobierno a través del Ministerio de Educación como en otros países a fin de que “la política no se lleve la mayor parte de los recursos”.

La Ley N 7264 Hambre Cero crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) con el objetivo de universalizar el acceso a la alimentación durante los 180 días del año lectivo para cubrir al 100% de los estudiantes del sistema educativo público y disminuir el ausentismo y la desnutrición.

El programa se financia principalmente en un 80% con recursos provenientes de las compensaciones de Itaipú y el 20% restante con aportes del Tesoro. Los fondos son ejecutados por las gobernaciones, a excepción de Central, Presidente Hayes y Asunción. Aunque hubo intenciones de modificar la normativa en el Congreso, fracasaron las propuestas de descentralizar su administración y de excluir a otros departamentos.

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