Audiencias a la CGR: Contralor advierte que si no se suben impuestos los números “dejan de cerrar”

El contralor Camilo Benítez, que se postula para seguir en el cargo, abrió la audiencia pública en el Senado a los candidatos a la CGR, donde alertó que la deuda externa del país no podrá ser saldada si no se aumentan los impuestos. Senadores opositores afirmaron que su candidatura es inconstitucional y lo acusaron de no denunciar hechos punibles sino solo hacer reportes de indicios.

El Senado comenzó el periodo de audiencias públicas de candidatos a contralor y subcontralor este jueves. El encargado de abrir el primer día fue Camilo Benítez, que es actualmente titular del cargo y busca su reelección. En su exposición ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, advirtió que el Estado no podrá pagar sus deudas sin un aumento de impuestos.

Luego de exponer sobre su formación y carrera en la función pública, Benítez resaltó que Paraguay tiene una economía de USD 50.000 millones aproximadamente, y una deuda externa de más del 40% sobre el PIB (Producto Interno Bruto). En ese sentido, indicó que el gasto del Estado es de USD 19.000 millones pero solamente se recauda en impuestos por USD 6.500 millones.

“Todas las proyecciones financieras que hacemos para el futuro nos llevan al mismo resultado, más tarde o temprano, necesariamente, especialmente la clase política, tendrá que debatir una reforma tributaria y la necesidad de subir impuestos, porque los números en algún momento dejan de cerrar”, sentenció el contralor.

 

 

Benitez apuntó que cualquier propuesta del gobierno nacional difícilmente pueda llegar a tiempo para pagar la deuda, incluso a pesar de los esfuerzos por mejorar el gasto público, cuya estrategia fue bien desarrollada y en la cual se recibe colaboración de Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

El senador liberal Dionisio Amarilla respondió que no está de acuerdo con modificar la matriz impositiva y recalcó que más bien existe temor de las personas por los hechos de corrupción.

El contralor refutó esta idea y sostuvo que no existe precisión sobre los montos de pérdida por corrupción, por más que un informe del Banco Mundial hable de una cifra de USD 2.500 millones por año, “nadie sabe eso con objetividad”.

Aseguró que el temor de las personas por los casos de corrupción es por causa del Poder Judicial que deja los hechos en impunidad. Igualmente, insistió que es necesario invertir en tecnología y en inteligencia artificial para mejorar los controles y la eficiencia en la gestión.

Yolanda acusa a Camilo de no formalizar denuncias ante la Fiscalía

La senadora de Cruzada Nacional Yolanda Paredes acusó al contralor de ser cómplice de los hechos de corrupción por solo hacer reportes ante la Fiscalía y no formalizar denuncias penales.

El contralor en su exposición detalló que durante su gestión realizó más de 1.000 reportes de indicios de hechos punibles ante el Ministerio Público por valor de USD 980 millones. Reconoció que pocos casos terminaron en imputación.

También destacó que todos los casos de corrupción en IPS tuvieron respaldo de la actividad de control por parte de la Contraloría.

“La ley dice que la obligación es de denunciar y no de solo enviar reportes. Si no fue capaz de enviar mil denuncias, usted es cómplice”, acusó la parlamentaria.

Benítez se defendió y manifestó que jamás sería cómplice de corrupción y alegó que “un reporte es superior a una denuncia”, ya que esta última puede hacerla cualquier persona, mientras que la Contraloría hace un informe íntegro a través de un formulario, luego de una auditoría, con detalles de los montos de posibles daños patrimoniales.

Paredes insistió en que los reportes no tienen implicancia jurídica. “No puede argumentar que un reporte equivale a una denuncia y peor, que el reporte tiene carácter superior a una denuncia, eso es falso. Si hizo mil reportes y no tiene número de causa, significa que no lo hizo, y se convierte en cómplice de hechos punibles”, precisó.

El contralor cambió sus dichos luego de esta afirmación y aseguró que un reporte es una denuncia, y que se trata solo de nomenclatura.

Tanto el senador cartista Javier Zacarías Irún, quien presidía la audiencia, como el disidente Mario Varela, defendieron la posición del contralor y afirmaron que la Contraloría no tiene atribución de abrir causas, que eso corresponde al Ministerio Público.

 

Duda sobre constitucionalidad

El senador liberal Líder Amarilla calificó de inconstitucionalidad la postulación de Camilo Benítez. En total, son 49 los candidatos al cargo y en esta primera audiencia expusieron 10 de ellos.

Amarilla argumentó que Benítez se desempeña en el cargo desde el 2016, y que la Constitución Nacional establece que un contralor durará en funciones solo cinco años, y que podrá ser confirmado solo una vez más, en un mandato no coincidente con el presidente de la República.

El senador aseguró que Benítez ya fue confirmado dos veces y que además, en esta ocasión, sería Santiago Peña el que le confirme en el cargo. “Si el cartismo impone un contralor inconstitucional, tendrá la misma consecuencia que el caso de Hernán Rivas”, dijo.

Zacarías intervino para aclarar que ese asunto será tratado en comisión y que de la audiencia participarán los 49, previamente al filtro de si están o no habilitados.

“Esta audiencia es inconstitucional”, remató Amarilla.

Del mismo modo, el senador liberal cuestionó que la Contraloría no se concentre en el gobierno central o en IPS, que son los que ejecutan el mayor gasto del Estado, no así los municipios.

Indicó que el 97% de los recursos, que son alrededor de USD 19.000 millones por año, maneja el presidente. “Pero cómo se va a controlar el contralor es amigo del presidente y del mismo signo político”, criticó.

 

Logros de la Contraloría

Benítez hizo un relato de los casos de éxito de su gestión y afirmó que no fue fácil porque cuando asumió, se desarrollaba un gran escándalo de corrupción, había un contralor en la cárcel y otros imputados y condenados.

Citó como logros haber transparentado los datos, que antes eran cerrados y no accesibles, la publicidad de las declaraciones juradas, la informatización de las rendiciones de cuentas, aumento de control y alerta de indicio de hechos punibles por USD 950 millones, y la auditoría de Itaipú, donde se reveló que la venta de la energía era menor al costo de producción, en violación al tratado, lo que generó un perjuicio de USD 4.200 millones.

“Vivimos en un país con una cultura complaciente con la corrupción”, lamentó.

---