La propuesta legislativa de la senadora Lilian Samaniego sobre agilizar y abaratar procesos de divorcio con acuerdo mutuo apunta a las familias más vulnerables, afirmó. Dijo que no está en contra de dicha institución y que quienes sostienen esto quieren tergiversar. Apuntó a que tampoco se verá afectado el servicio de los abogados.

La senadora Lilian Samaniego dijo que la propuesta legislativa busca agilizar y simplificar el proceso de disolución conyugal para aquellas parejas que estén de mutuo acuerdo en divorciarse. Además, el objetivo principal es beneficiar a los ciudadanos de escasos recursos, permitiéndoles acceder a un trámite prácticamente gratuito y de forma rápida, sin la necesidad obligatoria de incurrir en los altos costos de honorarios legales. Se ajustó con respecto a los plazos para solicitar el divorcio dejándolo sin plazo como ya la ley actual contempla.
Evitarse el gasto de hasta G. 10 millones para realizar los divorcios, ayudará a las familias más carenciadas, apuntó Samaniego.
Sostuvo que el proceso de divorcio con pasos abreviados se puede llevar siempre y cuando se reúnan algunos requisitos: “Si hay mutuo acuerdo de las partes, si no tienen hijos menores y no tienen bienes garanciales, porque ahí sí tendrán que tener abogado”.
Agregó que el atractivo del proyecto en cuestión se refiere al aspecto económico, puesto que los que reúnan las condiciones dispuestas más arriba “no tendrán ni que pagar tasas ni aranceles, sino demostrar su mutuo acuerdo ante un juez”, aclaró.
Indicó que además no se trata de afectar el servicio de abogacía en estos casos, puesto que en el caso de que existan menores siempre entrarán a mediar en el conflicto.
Para acceder a esta modalidad simplificada, se deben cumplir estrictamente tres condiciones: que exista consentimiento bilateral (mutuo acuerdo); que no existan hijos menores de edad de por medio. Además que no existan bienes gananciales o que ya se cuente con una separación de bienes previa.
La proponente aclara que la iniciativa no atenta contra la institución familiar, sino que responde a una realidad social de miles de paraguayos que se encuentran legalmente unidos, pero cuyas relaciones terminaron hace años, y se ven impedidos de rehacer sus vidas debido a la falta de recursos económicos para costear el juicio.
En lugar de un juicio complejo, el trámite se realizaría directamente ante un juez jurisdiccional.
En cuanto a los plazos, la abogada técnica Lourdes Matiauda dijo que existía una confusión inicial respecto a un plazo de espera de un año para solicitar el divorcio. Se aclaró que en la Ley 4591 figuraba un plazo de tres años, pero la Ley 5422 ya había dejado el trámite sin plazo de espera.
El texto del nuevo proyecto fue subsanado para mantenerlo sin plazos (eliminando la propuesta errónea de reducirlo a un año, ya que actualmente no se requiere antigüedad).
Se estima que bajo este procedimiento simplificado, la resolución final podría dictarse en un periodo aproximado de 15 a 60 días.
La parlamentaria señaló que esperará al lunes o martes para estudiar dichos pedidos con total apertura antes de volverse a tratar en la sesión del Senado.