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Nubicom: documentos cuestionados y millones bajo sospecha ponen en foco a Villate y Duarte por el 5G
12/11/2026 20:13
La adjudicación del sistema 5G a Nubicom Paraguay vuelve a quedar bajo fuertes cuestionamientos tras la divulgación de documentos societarios presuntamente irregulares y operaciones financieras multimillonarias vinculadas a ITTI y Ueno Bank.
Los nuevos antecedentes colocan nuevamente en el centro de las exigencias de explicaciones al exministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, y al presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Duarte, por sus respectivas actuaciones en un proceso de adjudicación cuya transparencia viene siendo cuestionada por Ñanduti.
Entre los documentos a los que accedió este medio figura una supuesta acta de asamblea de Nubicom, fechada el 21 de junio de 2026, que incorpora a Southern Holdings S.A. como accionista y menciona a César Astigarraga (hoy prófugo), Guillermo Vázquez y Osmar Alberto Coronel Cabrera.
El documento exhibido contiene las firmas del abogado Carlos Lorenzo Codas y de Verónica Franco, identificados como presidente y secretaria de la asamblea, respectivamente.
Sin embargo, se cuestiona la ausencia de firmas de personas que figurarían como autoridades societarias. Una de ellas habría descubierto que aparecía como presidente de Nubicom sin haber participado de una asamblea ni consentido su designación.
Las sospechas se extienden al financiamiento del proyecto. Según documentos a los que accedió Ñanduti, Ueno Bank habría transferido unos US$ 77 millones a Nubicom para respaldar la garantía exigida por Conatel en el desarrollo de la red 5G y que posteriormente esos recursos habrían sido trasladados a otra empresa sin conocimiento de representantes de Nubicom.
Paralelamente, documentación divulgada por Ñanduti hace referencia a operaciones por G. 415.000 millones entre ITTI y Nubicom, de los cuales G. 285.600 millones habrían sido devueltos hasta el 31 de julio, mientras G. 129.400 millones habrían quedado retenidos. Los documentos difundidos todavía no permiten establecer de manera concluyente la naturaleza y trazabilidad de todas estas operaciones.
En una notificación fechada el 4 de noviembre, Nubicom reclama a ITTI la restitución de los G. 129.400 millones presuntamente retenidos, además de intereses y otros gastos. La empresa sostiene que ITTI incumplió compromisos contractuales y que no recibió información suficiente sobre riesgos financieros que podían afectar el acuerdo. También comunica su intención de rescindir el contrato y plantea recurrir a arbitraje si no se alcanza una solución.
El conflicto introduce nuevos interrogantes sobre la disponibilidad efectiva de los recursos que habrían respaldado el proyecto de telecomunicaciones y sobre la correspondencia entre las operaciones privadas y las exigencias establecidas por Conatel.
A este escenario se suma la decisión de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) de bloquear preventivamente servicios contratados por Nubicom y servicios Troncal-SIP utilizados por Ueno Bank. La estatal confirmó que mantenía relaciones comerciales con ambas firmas y justificó la medida en el riesgo de incumplimiento de las obligaciones de pago, con el propósito de proteger sus recursos y su estabilidad financiera.
Aunque esta decisión no constituye por sí misma una prueba de irregularidades en la adjudicación del 5G, agrava las preocupaciones sobre la situación financiera y operativa de las empresas involucradas.
La acumulación de antecedentes exige respuestas concretas de Villate y Duarte. El exministro respaldó públicamente el proceso, mientras que Conatel, presidida por Duarte, tuvo a su cargo la adjudicación y las verificaciones regulatorias correspondientes.
¿Qué documentos societarios fueron examinados? ¿Cómo se comprobó la garantía financiera? ¿Qué controles se aplicaron sobre la capacidad económica y técnica de Nubicom? ¿Existieron advertencias que fueron desatendidas?
La publicación íntegra del expediente administrativo, las garantías y los dictámenes técnicos y jurídicos resulta indispensable para determinar si hubo fallas, omisiones o eventuales responsabilidades. La adjudicación del 5G no puede quedar protegida por el silencio de quienes tuvieron la obligación de garantizar su legalidad y transparencia.
