El Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, declaró la prescripción parcial de la causa conocida como de las escuchas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), y ratificó la absolución de otro de los procesados. En el caso, habían sido absueltos por la Sala Penal de la Corte los ex ministros Francisco José De Vargas y Luis Rojas. Según la Fiscalía hubo compra irregular de equipos para interceptar llamadas telefónicas.

Fue fallo dividido de los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Adriana Giagni, quienes estudiaron los recursos contra la sentencia dictada en juicio oral el 13 de junio del 2024, por los jueces Victoria Ortiz, Matías Garcete y Lourdes Garcete, quienes absolvieron a los procesados.
De esta manera, declararon operada la prescripción para Alberto Daniel Ferreira Martí, procesado por lesión de confianza, y para Silvia María Jara Acha, acusada por presunta producción de documentos no auténticos, quienes habían sido absueltos en el juicio.
Además, ratificaron la absolución de culpa y reproche a favor de Hugo Danilo González Rodríguez, quien había sido acusado por presunta lesión de confianza.
La apelación fue presentada por el fiscal Luis Lionel Piñánez, quien solicitó anular la resolución que absolvió a los tres procesados.
En su recurso sostuvo que el fallo no estaba fundado, que se basó en la inobservancia en la aplicación de una ley penal sustancial, que hubo errónea aplicación de la ley. Cuestionó que los jueces hayan llegado a la convicción de la inexistencia de un daño patrimonial para la Senad.
También dijo que se violó el principio de la sana crítica, por ilogicidad, arbitrariedad y contradicción en la sentencia.
Por su parte, la ahora ex defensora pública Liz Paola Mongelós, por la defensa de Ferreira Martí; el ahora ex defensor público Eduardo Velázquez, por Silvia Jara Acha, y los abogados Tarek Tuma, Alcides Cáceres y Héctor Cáceres, por la defensa de González Rodríguez, requirieron la ratificación del fallo.
Aseguran que toda la causa nunca debió abrirse, ya que los aparatos de escuchas telefónicas llegaron a la Senad y aún son utilizados en las causas penales.
Los camaristas Agustín Lovera y José W. Servín coincidieron que con respecto a Ferreira Martí y González la acusación es por lesión de confianza, por lo que la pena va hasta cinco años o multa; mientras Jara Acha fue por producción de documentos no auténticos, que tiene la misma sanción.
Con respecto a Alberto Ferreira Martí, la supuesta conducta criminal cesó el 20 de enero del 2013, por lo que restando el plazo de pandemia y otros, prescribió el 19 de febrero del 2024.
Con relación a Silvia María Jara Acha, la conducta terminó en abril del 2014, con la presentación de la factura, con lo que dicen los camaristas que la causal ya prescribió el 19 de febrero del 2024, antes de dictarse la sentencia en el juicio oral.
Respecto a Hugo Danilo González, los hechos culminaron el 31 de diciembre de 2015, por lo que al dictarse el fallo aún no se cumplió el plazo de prescripción.
Después, los magistrados estudian los argumentos del fiscal Luis Piñánez. Señalan que el fallo se ajusta a derecho respecto a la absolución del encausado Hugo González, mientras que respecto a los otros dos el caso ya estaba prescripto.
Por su parte, la magistrada Adriana Giagni señala que debe ratificarse la resolución, en todos sus puntos.
Al final, en mayoría, declaran la prescripción del caso respecto a los dos encausados Alberto Daniel Ferreira y Silvia María Jara Acha, y ratifican la absolución de Hugo Danilo González Rodríguez.
En el caso, la Corte había dicho respecto a los ex ministros de la Senad que, según los jueces, el perjuicio patrimonial se dio porque los equipos de escuchas no ingresaron por la aduana. Esto, según dijeron, en su caso, podría ser contrabando, lo que no fue investigado. Además, indicaron que si no se cumplieron las cláusulas del contrato, la cuestión sería del fuero administrativo al ser posibles infracciones.
Con ello, la Sala Penal había anulado la condena y declaró la absolución de los ex directores Antonio Pereira y Adalberto Benítez. Además, la absolución de los ex ministros Francisco De Vargas y Luis Rojas.
Sobre los acusados Nicasio y Alfredo Bóbeda quedaron firmes las condenas de cuatro años de cárcel por producción de documentos no auténticos.